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SALIDAS PROFESIONALES DERECHO

Especialización en Mediación

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Artículo elaborado por María González Merchán. Abogada y Mediadora. Fundadora del proyecto El Hilo Jurídico, que puedes consultar en Instagram, Facebook y Youtube.

INTRODUCCIÓN  A LA ESPECIALIZACIÓN EN MEDIACIÓN

Las relaciones personales pueden clasificarse en diferentes categorías: relaciones familiares, relaciones sentimentales, relaciones de amistad, relaciones laborales y profesionales, relaciones comerciales… Inevitablemente, de los distintos tipos de relaciones inherentes a la persona derivan discrepancias, desavenencias, malentendidos o conflictos.

Una vez ha surgido un desencuentro entre dos o más personas, debe buscarse un modo de solucionarlo. En España, el método más frecuente de resolución de conflictos es la vía judicial, seguida del arbitraje; sin embargo, existen otros mecanismos, de carácter extrajudicial, para encontrar soluciones a dichos conflictos –denominados ADR u ODR (Alternative Dispute Resolution o, si es de manera virtual, Online Dispute Resolution), como pueden ser la conciliación o la mediación.

En el presente artículo, vamos a centrarnos en esta última –la mediación–. Quizá, para muchos sea aún una gran desconocida, puesto que, por un lado, apenas se facilita información sobre ella y, por otro lado, no es frecuente la formación en mediación en los centros educativos (desde los propios centros de Educación Secundaria y Bachillerato hasta la Universidad).

A través de mediación, se intenta alcanzar un acuerdo –aunque éste no es siempre su principal objetivo– tratando de conservar, o al menos de no dañar, las relaciones personales entre los sujetos que deciden someterse a este método de resolución de conflictos. En las siguientes líneas, puedes encontrar unas nociones básicas sobre la materia.

¿QUÉ ES LA MEDIACIÓN?

Por mediación se entiende aquel mecanismo de resolución extrajudicial de conflictos en virtud del cual las personas que se encuentran en conflicto (en adelante, los mediados) tratan de alcanzar un acuerdo a través del diálogo, determinando cuáles son sus posiciones y sus intereses; todo ello bajo la supervisión del mediador, el cual nunca interviene en el posible acuerdo al que lleguen los mediados.

Una vez se han concretado las posiciones y los intereses, los mediados realizan determinadas concesiones a la(s) otra(s) parte(s), de tal manera que la solución adoptada satisfaga a todos los mediados. Y ello en caso de que se alcance una solución en sede de mediación, ya que, en ocasiones, esta vía sirve para allanar el terreno y rebajar tensiones pero sin llegar a un acuerdo, consiguiendo de este modo el mantenimiento de los lazos personales existentes entre los mediados.

 

Características de la mediación

Las características que definen a la mediación son, fundamentalmente, las siguientes:

  • Es un procedimiento heterocompositivo, lo que significa que el mediador no adopta ni sugiere la solución a los mediados; simplemente se limita a encauzar el desarrollo de cada una de las sesiones que se van a celebrar, calmando los ánimos de los mediados cuando sea necesario, mostrándoles cuáles son los puntos en común para fomentar el avance en la resolución del conflicto y poniendo fin al procedimiento cuando estime que las posturas de los mediados son estáticas e imposibilitan el progreso o cuando aprecie que entre los mediados no existe igualdad.
  • Confidencialidad. Es uno de los rasgos más importantes de la mediación e implica que toda la información y documentación que pueda facilitarse y aportarse en el procedimiento es confidencial, únicamente al alcance del mediador y de los mediados. No obstante, es necesario matizar esta cuestión, en el sentido de que si la mediación termina con un acuerdo, es evidente que el contenido del mismo hace referencia al conflicto existente, a la solución adoptada y a los derechos y obligaciones que para los mediados derivan de la misma. Por ello, si con posterioridad se quisiera hacer valer el acuerdo ante los Juzgados y Tribunales, por ejemplo, el hecho de que alguna de las partes aportara el acuerdo no iría en contra de este principio de confidencialidad.
  • Es un procedimiento voluntario, es decir, los mediados deben acudir siempre libre y voluntariamente a mediación; de lo contrario, no se podría iniciar o continuar con el procedimiento. No obstante, en algunos casos podría entenderse que el recurso a mediación deviene obligatorio por haberlo establecido así las partes en un contrato previo, aunque incluso en ese caso la obligación de acudir a mediación también derivaría de la voluntad de las partes.
  • Debe existir igualdad y equilibrio entre los mediados. Para que la mediación sea posible, ninguno de los mediados debe encontrarse en una posición de dominio o superioridad frente al otro(s) mediado(s), pues solamente este principio permite que la posible solución al conflicto sea consensuada entre los mediados y no venga impuesta por uno de ellos.
  • Ligado a las dos características anteriores, se encuentra el carácter personalísimo. Los mediados, y solo los mediados, son los que tienen que estar presentes a lo largo de todo el procedimiento de mediación, sin que puedan acudir en su representación otras personas, como podrían ser sus Abogados, sin perjuicio de que, en ocasiones, se permita la presencia de estos profesionales en alguna de las sesiones.
  • Ha de haber contradicción, esto es, que los mediados tengan las mismas oportunidades para exponer sus puntos de vista, expresar sus emociones, proponer ideas o soluciones…
  • Rige el principio de inmediación. Quiere decir que todas y cada una de las sesiones deben celebrarse en presencia del mediador, y en este sentido no es necesario entender el término “presencia” como la obligación de que el mediador y los mediados estén físicamente en el mismo lugar, sino que cabe la posibilidad de que la mediación se desarrolle de manera virtual (por ejemplo, a través de Skype).
  • Es necesario que el posible acuerdo alcanzado sea conforme a Derecho, sin transgredir aquellas normas de nuestro ordenamiento jurídico que son de obligado cumplimiento y sin vulnerar los derechos de los mediados o de terceros a quienes afecte el acuerdo (por ejemplo, si en un procedimiento de mediación se acuerdan los términos de un convenio regulador atribuyendo la custodia de los hijos menores a uno de los progenitores, no sería válido establecer que al otro progenitor no se le reconoce un régimen de visitas cuando no existan motivos para ello).
  • Se trata de un método flexible e informal, en el sentido de que no existen fases o actos concretos que deban seguirse (exceptuando la sesión informativa, la sesión constitutiva y el acta final) o un determinado número mínimo o máximo de sesiones, sino que en cada caso será el procedimiento el que se adapte a las partes y no a la inversa. Del mismo modo, el procedimiento transcurre de manera informal en cuanto al lenguaje utilizado; dicho de otro modo, no existen tecnicismos ni expresiones que deban utilizarse, pues se trata de que los mediados acerquen posturas y se entiendan entre sí.
  • Nos encontramos ante un mecanismo de resolución de conflictos alternativo y complementario. Esto significa que el hecho de acudir a mediación no excluye la posibilidad de acudir posteriormente –en caso de que la mediación falle o de que no se cumpla el acuerdo, en su caso– a otros métodos, como podrían ser la vía judicial o el arbitraje; del mismo modo, puede suceder que esté iniciado un procedimiento judicial y que, en el transcurso del mismo, las partes decidan acudir a mediación, en cuyo caso el procedimiento judicial queda suspendido en tanto finaliza la mediación y, dependiendo del resultado de la misma, el procedimiento judicial continuará su curso o se dará por terminado, o también puede ocurrir que se combinen los diferentes mecanismos de resolución de conflictos extrajudiciales (por ejemplo, Arb-Med o Med-Arb, referentes a la mediación y al arbitraje).
  • Imparcialidad y neutralidad del mediador. El mediador no puede adoptar una postura favorable a ninguno de los mediados porque esto supondría un desarrollo anormal del procedimiento; tampoco puede fijar la solución al conflicto, ni siquiera sugerirla.
Ventajas de la mediación

Comparando la mediación con la vía judicial –por ser ésta la alternativa más habitual para la resolución de conflictos–, pueden extraerse las siguientes ventajas de la primera frente a la segunda:

  • La mediación es un procedimiento que únicamente se inicia y continúa si ambas partes desean hacerlo. En cambio, un procedimiento judicial puede comenzar a instancia de una sola de las partes, pudiendo proseguir incluso aunque la otra parte no comparezca en el mismo, salvo que la parte que desee poner fin al procedimiento sea la que lo inició.
  • En mediación, prevalece el principio de conservación de las relaciones personales existentes entre los mediados, tratando de que éstas resulten lo menos dañadas posible. Para ello, se hace hincapié en aquellos aspectos en los que los mediados están de acuerdo, incentivando con ello el diálogo, la rebaja de tensiones y la consecución de un futuro acuerdo con el que todos los mediados sientan que han ganado. De otro lado, en un procedimiento judicial las relaciones personales quedan en un segundo plano, puesto que los propios interesados ni siquiera intervienen directamente en el procedimiento –excepto cuando se solicita su interrogatorio–, por lo que no pueden expresar sus sentimientos y emociones de manera expresa, personal y directa ante la persona que va a decidir la solución al conflicto.
  • El procedimiento de mediación supone un ahorro de tiempo y de coste, ya que la duración del mismo es muy inferior a la de un procedimiento judicial debido al colapso de nuestros Juzgados y Tribunales; y, por otro lado, los honorarios del mediador son bastante inferiores a los honorarios de un Abogado. Respecto al pago de dichos honorarios, con carácter general cada uno de los mediados abona la mitad, aunque en algunos casos se prevén porcentajes o incluso, y esto es mucho menos frecuente, que asuma el coste uno solo de los mediados.
  • Dado que en mediación son los mediados quienes van a adoptar, en caso de conseguirlo, una solución, ésta puede ser muy flexible y completamente diferente a la que se fijaría en un procedimiento judicial. Por ello, los mediados quedan mucho más satisfechos que las partes de un procedimiento judicial, ya que sienten que el acuerdo alcanzado es justo.
  • Como consecuencia del punto anterior, los acuerdos alcanzados en mediación rara vez se incumplen, mientras que las decisiones judiciales a menudo son incumplidas por alguna de las partes (generalmente, aquella que ha sido vencida en el procedimiento judicial).
Ámbito material de la mediación

Frente a lo que comúnmente se cree, la mediación no solo cabe en conflictos de carácter civil, mercantil y familiar, sino que puede acudirse a ella ante controversias relacionadas con muchísimos otros ámbitos.

En este sentido, cabe acudir a mediación penal, laboral, administrativa, escolar, sanitaria, penitenciaria…, sin que lleve a confusión lo dispuesto por la Ley 5/2012, de 6 de julio, de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles en cuanto a que la misma no se aplica a la mediación penal, con las Administraciones Públicas ni laboral, pues para éstas últimas encontramos referencias en otras normas del ordenamiento jurídico.

La posibilidad de someterse a mediación en todos los ámbitos mencionados existe siempre que se cumplan los principios básicos de este método de resolución de conflictos. De ello deriva que existan ciertos conflictos que no sean susceptibles de resolverse a través de mediación, por ejemplo por no existir equilibrio entre las partes; pensemos, por ejemplo, en los casos de violencia de género, de agresiones sexuales, de mobbing o acoso laboral…

Desarrollo del procedimiento de mediación

El procedimiento de mediación puede comenzar, bien de mutuo acuerdo entre los mediados, bien a petición de una de las partes y posterior comunicación y aceptación de la otra parte.

En cualquier caso, la mediación se inicia con la denominada sesión informativa, en la que el mediador expondrá a los mediados, ya sea de manera individual o conjunta, las características del procedimiento y el motivo por el que han decidido acudir a mediación y posteriormente les entregará una copia del acta de la sesión constitutiva (sesión que puede celebrarse el mismo día que la sesión informativa o en otro día distinto), donde se harán constar los datos que identifiquen al mediador y a los mediados, el motivo que les ha llevado hasta allí, toda la información necesaria acerca de la protección de los datos personales de los mediados, los honorarios del mediador y otros gastos –sin perjuicio de que luego éstos se puedan modificar–, el lugar de celebración y la lengua del procedimiento, así como la duración máxima prevista.

Asimismo, se podrá realizar una estimación del número de sesiones que será necesario celebrar –pudiéndose concretar ya, si lo desean todas las partes, el calendario para las futuras sesiones– o se podrá fijar un plazo máximo para el desarrollo del procedimiento, transcurrido el cual se podrá dar por finalizado. En caso de que no se establezca un calendario, en cada una de las sucesivas sesiones se irá concretando la fecha para la celebración de las siguientes.

Durante el desarrollo de la mediación, el mediador puede ir anotando todas aquellas cuestiones que considere relevantes, a efectos de poder recordárselas a los mediados cuando lo estime oportuno y necesario; incluso, si los mediados lo autorizan, el mediador puede grabar las sesiones.

Una vez se llegue al final del procedimiento, se levantará el acta final, donde se recogerá el resultado de la mediación. El procedimiento puede finalizar por haber llegado los mediados a un acuerdo, en cuyo caso se recogerán los términos del mismo; por no ser posible un acuerdo; por renuncia del mediador; a petición de cualquiera de los mediados.

¿QUIÉN PUEDE SER MEDIADOR?

De acuerdo con la Ley 5/2012, de 6 de julio, de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles, el mediador puede ser tanto una persona física como una persona jurídica (que se denominará institución de mediación).

Siendo éste el punto de partida, ¿qué requisitos se exigen?

  • Mediador persona física pueden ser todas aquellas personas naturales que se encuentren en pleno ejercicio de sus derechos civiles, salvo que se lo impida la legislación que les sea aplicable por razón de su profesión. En este sentido, no pueden ser mediadores los Jueces y Magistrados ni tampoco los Fiscales, atendiendo al régimen de incompatibilidades contempladas en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Por otro lado, y aunque no se trata de una incompatibilidad propiamente dicha, quien haya intervenido como árbitro en un procedimiento de arbitraje, quien haya sido abogado de alguno de los mediados y quien sea representante legal de alguno de los mediados, no pueden actuar como mediadores, ya que, de lo contrario, no cumplirían los principios de imparcialidad y neutralidad, salvo que los mediados otorgaran su consentimiento para la intervención de tales profesionales en calidad de mediadores y éstos demostraran de manera objetiva su imparcialidad y neutralidad.
  • Estar en posesión de título universitario o de formación profesional superior.
  • Contar con formación específica para ejercer la mediación, adquirida mediante cursos específicos impartidos por instituciones debidamente acreditadas.
  • Suscribir un seguro de responsabilidad civil o garantía equivalente.

Cumplido los requisitos anteriores, el mediador podrá ejercer como tal en todo el territorio nacional. Los perfiles más frecuentes entre los mediadores son los de trabajadores sociales, juristas, psicólogos, educadores y pedagogos.

Adicionalmente, los mediadores –tanto personas físicas como instituciones de mediaciónpueden inscribirse en el Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación del Ministerio de Justicia, es decir, la inscripción no tiene carácter obligatorio. No obstante, resulta recomendable no solo a efectos publicitarios, sino también a efectos de conceder seguridad a los mediados, pues de esta forma pueden comprobar que la persona escogida para dirigir la mediación cumple los requisitos legalmente establecidos.

La excepción a la inscripción voluntaria se establece respecto de los mediadores concursales, pues para ellos la inscripción es preceptiva.

Más allá de la inscripción en el Registro dependiente del Ministerio de Justicia, se podría solicitar la inscripción en la correspondiente Comunidad Autónoma, pues, de hecho, en algunas de ellas es requisito necesario para poder ejercer determinados tipos de mediación.

¿DÓNDE SE REGULA LA MEDIACIÓN?

A nivel estatal, no existe ningún texto legislativo que regule la mediación en todos sus ámbitos, sino solamente desde el punto de vista civil y mercantil. No obstante, en nuestro ordenamiento jurídico encontramos distintos preceptos que aluden a la mediación como alternativa para la resolución de conflictos. Por tanto, la normativa que regula la mediación es la siguiente:

  • Directiva 2008/52/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles.
  • Ley 5/2012, de 6 de julio, de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles.
  • Real Decreto 980/2013, de 13 de diciembre, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles.
  • Orden JUS/746/2014, de 7 de mayo, por la que se desarrollan los artículos 14 y 21 del Real Decreto 980/2013, de 13 de diciembre, y se crea el fichero de mediadores e instituciones de mediación.

En cuanto a la mediación penal:

  • Decisión Marco del Consejo de la Unión Europea de 15 de marzo, relativa al Estatuto de la Víctima en el Proceso Penal.
  • Directiva 2012/29/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012.
  • Artículo 84.1 del Código Penal.
  • Artículo 15 de la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima del Delito.

En cuanto a la mediación laboral:

  • Resolución de 10 de febrero de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el V Acuerdo sobre solución autónoma de conflictos laborales.
  • Artículos 63 y 156 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social.

En cuanto a la mediación administrativa:

  • Regulación autonómica o provincial (Barcelona, Las Palmas, La Rioja, Comunidad de Madrid, Región de Murcia o Valencia).

En cuanto a la mediación escolar:

  • Regulación autonómica (Andalucía, Castilla y León, Islas Canarias…)

En cuanto a la mediación sanitaria:

  • Regulación autonómica (Cataluña, Cantabria, Castilla-La Mancha, Región de Murcia…).

En cuanto a la mediación penitenciaria:

  • Fundamentalmente, la Instrucción de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias 15/2011, de Programa de Normalización de Conductas, de 20 de octubre de 2011.

FUNCIONES DE UN MEDIADOR

Las funciones que desempeña un mediador son las siguientes:

  • Informar a los mediados. Es una de las principales labores del mediador, por cuanto de esta información depende que quienes deciden acudir a mediación conozcan realmente en qué consiste este método de resolución de conflictos, pues a menudo existe gran confusión por creer que será el mediador, y no los mediados, el que determina la solución al conflicto. Entre la información que el mediador debe proporcionar a los mediados al hilo del eventual acuerdo que pudieran alcanzar es la eficacia del mismo. El acuerdo de mediación opera como si de un contrato entre las partes se tratara, de manera que ambas deben cumplirlo. Para garantizar su cumplimiento, disponen de dos opciones: elevar el acuerdo a escritura pública o considerar el acuerdo como un mero contrato privado sin elevarlo a público. En el primer caso, la parte que lo cumpla puede solicitar directamente su cumplimiento mediante una demanda de ejecución, pues, al constar en escritura pública, se considera un título ejecutivo; en el segundo caso, sería necesario, para solicitar su cumplimiento, iniciar un procedimiento declarativo. Por tanto, aunque la primera opción pueda suponer un coste mayor que la segunda, resulta más ventajosa a la hora de hacer cumplir el acuerdo.
  • Escuchar activamente en aras de su neutralidad e imparcialidad. El mediador, reitero, no dictamina cómo se resuelve la discrepancia que ha conducido a los mediados hasta allí; tampoco propone ideas de cómo podría resolverse. Su misión consiste en escuchar activamente y en intervenir cuando sea necesario para encauzar el diálogo y la cooperación, tratando de destacar los puntos de acuerdo y los aspectos positivos a lo largo de todas las sesiones que se celebren.
  • Tratar de mejorar, conservar e incluso recuperar la relación entre los mediados. Es fundamental tener presente que la mediación no tiene como único objetivo llegar a un acuerdo, ya que puede ocurrir que un procedimiento de mediación finalice sin acuerdo y que, en cambio, la relación entre los mediados haya mejorado desde que se celebró la primera sesión. En este caso, y siempre desde mi punto de vista, no estaríamos ante un fracaso en mediación, pues incluso esa mejora de la relación personal, por pequeña que sea, puede allanar en gran medida el terreno de cara a un futuro procedimiento judicial o arbitral, donde, ya sí, la decisión final va a depender de un tercero ajeno a las partes.
  • Garantizar los principios inherentes a la mediación. En consecuencia, cuando estime que uno o varios principios quiebran, ha de poner fin al procedimiento, pues, de lo contrario, dejaría de ser útil para el objetivo con el que se inició. Por ejemplo, si el mediador siente que su imparcialidad y su neutralidad están en peligro, no debe continuar como mediador, sin perjuicio de que el procedimiento pueda continuar con el nombramiento de otro mediador; o si aprecia que ha dejado de existir igualdad entre las partes, debe dar por terminada la mediación, ya que, de lo contrario, el posible acuerdo que pudiera alcanzarse iría en detrimento de la parte débil sobre la parte fuerte.
  • Redactar el acta de la sesión constitutiva, el acta final y, en su caso, los términos del acuerdo al que lleguen los mediados. En cualquier caso, debe, por un lado, asegurar que los datos y la información que plasma por escrito dicen lo que realmente han querido expresar los mediados y, por otro lado, recordarles el compromiso de confidencialidad respecto de la información y los documentos aportados durante la mediación.

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SALIDAS PROFESIONALES DERECHO

El abogado especializado en Derechos Humanos

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INTRODUCCIÓN AL ABOGADO ESPECIALIZADO EN DERECHOS HUMANOS

En palabras de la ONU, “Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles”.

Dada la importancia de los derechos humanos, es decir, de los derechos que todos tenemos por el mero hecho de ser personas, la protección de los mismos ante intromisiones realizadas por otras personas, grupos de personas, organizaciones, Estados, etc., se hace indispensable.

Aunque pudiera parecer una labor sencilla, o no demasiado compleja, existen múltiples debates acerca del alcance de determinados derechos o de qué derechos prevalecen frente a otros, precisamente sobre la base de lo que, seguramente, todos hayáis escuchado alguna vez: tus derechos terminan donde empiezan los míos.

La misma definición de derechos humanos hace inevitable la aplicación del Derecho Internacional. Ello implica tener presente el principio de jerarquía normativa presente en nuestro ordenamiento jurídico, en virtud del cual el Derecho Internacional y Comunitario (Tratados Internacionales, Protocolos, Acuerdos Internacionales, Directivas europeas, etc.) prevalecen sobre el Derecho interno (en nuestro caso, sobre el Derecho español); y, dentro del Derecho interno, la Constitución es la máxima fuente del ordenamiento jurídico, seguida de la Ley, la costumbre y los Principios Generales del Derecho.

Por ello, y teniendo en cuenta la gran variedad de normas y textos legislativos que deben manejarse cuando se trata de la protección de los derechos humanos, resulta fundamental contar con los servicios de un Abogado especializado en Derechos Humanos, pues solo de esta forma podremos defender nuestros derechos con las máximas garantías, especialmente atendiendo a que, en ocasiones, es necesario agotar la última instancia (Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en adelante TEDH) para lograr dicha protección.

PERFIL PROFESIONAL DEL ABOGADO ESPECIALIZADO EN DERECHOS HUMANOS

El perfil profesional del Abogado especializado en Derechos Humanos reúne las características que se indican a continuación:

  • Dominio de la normativa aplicable en la materia, tanto a nivel nacional como a nivel europeo e internacional.
  • Dominio de los mecanismos de protección de los derechos humanos, desde la primera instancia hasta el TEDH.
  • Conocimiento del Derecho Procesal, para garantizar la mejor defensa de los intereses del cliente.
  • Manejo y actualización constante de la jurisprudencia existente sobre este campo jurídico, ya que se plantean numerosos casos, entre los que es complicado encontrar dos exactamente iguales, por lo que la casuística puede llegar a ser muy variada.

FUNCIONES DE UN ABOGADO ESPECIALIZADO EN DERECHOS HUMANOS

Un Abogado especializado en Derechos Humanos debe conocer en profundidad todas las instancias a las que puede acudir para denunciar la violación de los derechos humanos. Teniendo esto en cuenta, entre las funciones que desarrolla este profesional, podemos citar las siguientes:

  • Defensa jurídica en primera instancia.
  • Interposición de recursos en las sucesivas instancias.
  • Interposición de recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional.
  • Interposición de demandas ante el TEDH, asumiendo la correspondiente defensa jurídica.
  • Elaboración de dictámenes y documentos de carácter jurídico-procesal en relación con los mecanismos de tutela de los derechos humanos.

SALIDAS PROFESIONALES DE DERECHO

La carrera universitaria de Derecho ofrece numerosas salidas profesionales, entre las que se encuentra el ejercicio de la abogacía. Dentro de la misma, se puede ejercer como abogado generalista o como abogado especializado en una rama concreta del Derecho; una de las ramas del Derecho es el Derecho Público (entendiendo por tal tanto el Derecho Constitucional como el Derecho Internacional), y más concretamente la parte que trata los derechos humanos, presente en todos los órdenes jurisdiccionales y que se relaciona, por lo tanto, con otras ramas del Derecho (Derecho de Extranjería, Derecho Laboral…).

El Abogado especializado en Derechos Humanos tiene, como salidas profesionales, las siguientes:

Abogado por cuenta propia.

Abogado por cuenta ajena:

  • Despacho de Abogados especializado en esta materia.
  • Departamento de Derecho Internacional de grandes firmas.
  • Asesor en organismos, instituciones, fundaciones y organizaciones (gubernamentales y no gubernamentales), tanto nacionales como internacionales.

 

NORMATIVA QUE DEBE CONOCER UN ABOGADO ESPECIALIZADO EN DERECHOS HUMANOS

El Abogado especializado en Derechos Humanos debe conocer un enorme conjunto de textos normativos, tanto de carácter nacional como de carácter europeo e internacional. Entre ellos, podemos mencionar los siguientes:

  • Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950, y enmendado por los Protocolos adicionales números 3 y 5, de 6 de mayo de 1963 y 20 de enero de 1966, respectivamente (Convenio Europeo de los Derechos Humanos)
  • Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, hecho en Nueva York el 19 de diciembre de 1966
  • Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, hecho en Nueva York el 19 de diciembre de 1966
  • Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, adoptada en Ginebra (Suiza), el 28 de julio de 1951, por la Conferencia de Plenipotenciarios sobre el Estatuto de los Refugiados y de los Apátridas (Naciones Unidas), convocada por la Asamblea General en su resolución 429 (V), del 14 de diciembre de 1950.
  • Constitución Española
  • Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa
  • Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio
  • Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, la intimidad personal, familiar y a la propia imagen
  • Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión
  • Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación
  • Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, reguladora del procedimiento de Habeas Corpus
  • Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación
  • Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical
  • Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
  • Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana
  • Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Y la correspondiente legislación autonómica en la materia.
  • Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España
  • Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición
  • Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades
  • Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación
  • Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General
  • Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
  • Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional
  • Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo
  • Ley 36/1985, de 6 de noviembre, por la que se regulan las relaciones entre la Institución del Defensor del Pueblo y las figuras similares en las distintas Comunidades Autónomas
  • Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

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SALIDAS PROFESIONALES DERECHO

Abogado especializado en Capital Markets (Mercado de valores)

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INTRODUCCIÓN AL ABOGADO ESPECIALIZADO EN CAPITAL MARKETS

¿Has escuchado alguna vez la especialización de abogado en Capital Markets? Por Mercados de Valores o Capital Markets podemos entender aquel conjunto de instituciones y agentes financieros a través de los cuales se desarrolla la negociación de activos o instrumentos financieros, de tal forma que a ellos acuden, entre otros, las empresas que buscan obtener financiación para sus proyectos productivos, los ahorradores que ceden su dinero a cambio de una compensación y los intermediarios financieros que, como su propio nombre indica, median entre los ahorradores para que las distintas transacciones puedan llevarse a cabo.

Estos Mercados de Valores se clasifican en Mercados Primarios de Valores y en Mercados Secundarios de Valores: en los primeros, las empresas o entidades ponen en circulación valores, que con carácter general se venden en subasta, concurso público o mediante negociación directa; en los segundos, está muy presente la figura del intermediario financiero, pues hablamos de negociabilidad de los valores, de manera que las empresas necesitan recibir un asesoramiento de calidad en cuanto a los trámites que deben cumplir para respetar la normativa aplicable en la materia.

Entre los Mercados Secundarios de Valores encontramos las Bolsas de Valores (por ejemplo, IBEX 35), el Mercado de Deuda Pública en Anotaciones, los Mercados de Futuros y Opciones, el Mercado de Renta Fija, AIAF.

La actuación en los Mercados de Valores requiere un gran dominio del funcionamiento de los mismos, de los riesgos que se asumen y de los derechos y obligaciones que derivan para los intervinientes en dichos mercados. Por ello, y dada la complejidad que revisten muchas de las operaciones que a diario tienen lugar en este ámbito, resulta fundamental contar con los servicios de un Abogado especializado en Capital Markets, a fin de que los agentes que operan en este sector tengan a su alcance un asesoramiento jurídico completo que le permita aceptar o rechazar según qué operaciones para salvaguardar su patrimonio y sus intereses económicos.

FUNCIONES DE UN ABOGADO ESPECIALIZADO EN CAPITAL MARKETS

La labor profesional del Abogado especializado en Capital Markets gira en torno al asesoramiento a los diferentes operadores que actúan en los mercados de capitales (emisores, oferentes, bancos coordinadores globales, aseguradores, colocadores…), ya sean nacionales y/o internacionales, si bien no es su única función.

Así, este profesional puede intervenir para presentar los siguientes servicios:

Asesoramiento jurídico en distintos campos:

-Operaciones de Renta Variable, como pueden ser las siguientes:

  • Emisiones y ofertas públicas de venta (OPV) y suscripción de acciones (OPS).
  • Salidas a Bolsa.
  • Ofertas públicas de adquisición.
  • Venta de acciones en bloque o aceleradas (block trades).
  • Operaciones de modificaciones estructurales entre sociedades cotizadas (fusiones, reestructuraciones, escisiones…).

-Operaciones en materia de Deuda, principalmente emisiones de:

  • Pagarés.
  • Warrants y bonos estructurados.
  • Productos híbridos como las participaciones preferentes, aportaciones financieras subordinadas de cooperativas, etc.
  • Gobierno Corporativo de sociedades cotizadas, interviniendo en el desarrollo de normas y códigos relativos al gobierno corporativo.
  • Cumplimiento de las normas de conducta, transparencia e información de los emisores de valores.
  • Seguimiento de los trámites ante los organismos supervisores y reguladores de los Mercados de Valores.
  • Elaboración de folletos informativos y cuantos documentos legales sean necesarios en los procesos de ofertas de venta o suscripción de valores o de admisión a cotización.
  • Participación como secretario no consejero en compañías cotizadas.
  • Diseño de la estructuración de operaciones de titulización, constitución y registro de los fondos de titulización y redacción y supervisión de contratos.
  • Asesoramiento en materia de operaciones multijurisdiccionales, así como a entidades directoras, aseguradoras y de calificación.
  • Asesoramiento en materia de regulación financiera, en relación con los Sistemas Multilaterales de Negociación (SMN), cámaras de compensación y liquidación.
  • Defensa legal ante contingencias derivadas de la oferta y emisión a negociación de valores.

 

PERFIL PROFESIONAL DEL ABOGADO ESPECIALIZADO EN CAPITAL MARKETS

Las características propias del perfil profesional del Abogado especializado en Capital Markets son, principalmente, las siguientes:

  • Dominio de la normativa aplicable en el sector, no solo la relativa a los Mercados de Valores, sino también a otros ámbitos del Derecho Mercantil (modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, Derecho Bancario…).
  • Dominio del Derecho Financiero, pues las operaciones que se realizan en el ámbito del Capital Markets se encuentran directamente relacionadas con esta rama del Derecho.
  • Dominio del Derecho Fiscal y Tributario, a efectos de asesorar a los clientes acerca de cómo tributan las operaciones realizadas en este ámbito.
  • Conocimiento del Derecho Internacional, pues, a menudo, se realizan inversiones en el exterior, se efectúan relaciones comerciales e inversoras con operadores del extranjero, etc.
  • Dominio del funcionamiento de los organismos supervisores y reguladores del sector; fundamentalmente, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

SALIDAS PROFESIONALES. EL ABOGADO ESPECIALIZADO EN CAPITAL MARKETS

La carrera universitaria de Derecho ofrece múltiples y muy variadas salidas profesionales, entre las que se encuentra el ejercicio de la abogacía. Quienes deciden emprender este camino tienden a especializarse en una o más ramas del Derecho e incluso en alguna materia concreta de una rama jurídica determinada.

Sería el caso del Abogado especializado en Capital Markets, si bien, y dada la complejidad de la materia, sería muy aconsejable realizar Másteres o Cursos de especialización que permitan prestar un servicio jurídico de calidad y que aporten un valor añadido a los clientes.

¿De qué formas puede ejercer un Abogado especializado en Capital Markets?

Puede ejercer la profesión de manera autónoma, es decir, trabajando por cuenta propia.

Asimismo, puede desempeñar su trabajo por cuenta ajena. Esta opción ofrece, a su vez, diferentes alternativas:

  • Cabe la posibilidad de que el Abogado pase a formar parte de un despacho de Abogados dedicado en exclusiva o mayoritariamente al sector del Mercado de Valores, aunque quizá este tipo de despachos no es muy frecuente en España.
  • Otra alternativa es incorporarse al Departamento de Derecho Mercantil o al Área de Mercado de Capitales de una gran firma, en cuyo caso, y atendiendo a la materia, es muy probable que exista interrelación con otros Departamentos de la firma, como podrían ser el Departamento de Derecho Internacional o el Departamento de Derecho Financiero y Tributario.
  • De igual modo, podría prestar sus servicios como asesor jurídico, consultor e incluso directivo de las instituciones públicas o privadas que componen el entramado financiero.
  • Por último, existe la posibilidad de ocupar puestos de gestión en Bancos Centrales, entidades bancarias y/o financieras nacionales e internacionales.

 

NORMATIVA QUE DEBE CONOCER UN ABOGADO ESPECIALIZADO EN CAPITAL MARKETS

La normativa que ha de manejar un Abogado especializado en Capital Markets es excesivamente amplia, de lo que se deduce un alto grado de cualificación de este profesional.

A continuación, se citan algunos de los textos normativos y legislativos que debe conocer el Abogado especializado en Capital Markets, todos ellos disponibles en el Boletín Oficial del Estado:

  • Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores.
  • Resolución de 10 de julio de 2003, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se aprueba el Reglamento de Régimen Interior de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
  • Ley 16/2014, de 30 de septiembre, por la que se regulan las tasas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
  • Real Decreto 2119/1993, de 3 de diciembre, sobre el procedimiento sancionador aplicable a los sujetos que actúan en los mercados financieros.
  • Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero, sobre el régimen jurídico de las empresas de servicios de inversión y de las demás entidades que prestan servicios de inversión y por el que se modifica parcialmente el Reglamento de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, aprobado por el Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre.
  • Orden EHA/1665/2010, de 11 de junio, por la que se desarrollan los artículos 71 y 76 del Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero, sobre el régimen jurídico de las empresas de servicios de inversión y de las demás entidades que prestan servicios de inversión, en materia de tarifas y contratos-tipo.
  • Orden EHA/3291/2008, de 7 de noviembre, por la que se establece el procedimiento de comunicación por las entidades financieras depositarias de bienes muebles y saldos abandonados.
  • Orden EHA/848/2005, de 18 de marzo, por la que se determina el régimen de la inversión de los saldos de las cuentas acreedoras de carácter instrumental y transitorio que las sociedades y agencias de valores mantengan con sus clientes.
  • Circular 10/2008, de 30 de diciembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre Empresas de Asesoramiento Financiero.
  • Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión.
  • Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva.
  • Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva.
  • Orden de 6 de julio de 1993 sobre normas de funcionamiento de las Sociedades de Inversión Mobiliaria de Capital Variable.
  • Circular 1/2006, de 3 de mayo, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre Instituciones de Inversión Colectiva de Inversión Libre.
  • Ley 41/1999, de 12 de noviembre, sobre sistemas de pagos y de liquidación de valores.
  • Real Decreto 948/2001, de 3 de agosto, sobre sistemas de indemnización de los inversores.
  • Orden EHA/1717/2010, de 11 de junio, de regulación y control de la publicidad de servicios y productos de inversión.
  • Circular 1/2017, de 26 de abril, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre los contratos de liquidez.
  • Real Decreto-ley 6/2013, de 22 de marzo, de protección a los titulares de determinados productos de ahorro e inversión y otras medidas de carácter financiero.
  • Orden de 28 de mayo de 1999, por la que se desarrolla el artículo 25 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.
  • Real Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, en materia de admisión a negociación de valores en mercados secundarios oficiales, de ofertas públicas de venta o suscripción y del folleto exigible a tales efectos.
  • Orden EHA/2050/2004, de 15 de septiembre, sobre la información de las operaciones vinculadas que deben suministrar las sociedades emisoras de valores admitidos a negociación en mercados secundarios oficiales.
  • Orden de 22 de diciembre de 1999 por la que se crea un segmento especial de negociación en las Bolsas de Valores denominado “Nuevo Mercado” y se modifican los requisitos de admisión a Bolsa.
  • Circular 1/2000, de 9 de febrero, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se establecen las condiciones particulares de admisión y permanencia del “Nuevo Mercado”.
  • Real Decreto 1066/2007, de 27 de julio, sobre el régimen de las ofertas públicas de adquisición de valores.
  • Orden de 16 de enero de 1992 por la que se autoriza el sistema de negociación, compensación y liquidación de operaciones sobre anotaciones en cuenta de Deuda Pública en las Bolsas de Valores.
  • Ley 22/2014, de 12 de noviembre, por la que se regulan las entidades de capital-riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado.
  • Circular 3/2010, de 14 de octubre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre procedimientos administrativos de autorización de las entidades de capital-riesgo y de sus sociedades gestoras, de autorización de las modificaciones de sus reglamentos y estatutos y de comunicación de los cambios de consejeros y directivos.
  • Real Decreto 878/2015, de 2 de octubre, sobre compensación, liquidación y registro de valores negociables representados mediante anotaciones en cuenta, sobre el régimen jurídico de los depositarios centrales de valores y de las entidades de contrapartida central y sobre requisitos de transparencia de los emisores de valores admitidos a negociación en un mercado secundario oficial.
  • Circular 2/2007, de 26 de enero, del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones.
  • Real Decreto 1264/2005, de 21 de octubre, por el que se regula la organización y funcionamiento del Registro nacional de derechos de emisión.
  • Real Decreto 736/2019, de 20 de diciembre, de régimen jurídico de los servicios de pago y de las entidades de pago.
  • Ley 19/1992, de 7 de julio, sobre Régimen de Sociedades y Fondos de Inversión Inmobiliaria y sobre Fondos de Titulización Hipotecaria.
  • Orden EHA/3536/2005, de 10 de noviembre, de determinación de derechos de crédito futuros susceptibles de incorporación a fondos de titulización de activos y de habilitación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores para dictar reglas específicas en materia de contabilidad y obligaciones de información aplicables a los fondos de titulización de activos y sus sociedades gestoras.
  • Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.
  • Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
  • Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
  • Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero.
  • Orden ECO/734/2004, de 11 de marzo, sobre los departamentos y servicios de atención al cliente y el defensor del cliente de las entidades financieras.
  • Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera.
  • Circular 6/2010, de 28 de septiembre, del Banco de España, a entidades de crédito y entidades de pago, sobre publicidad de los servicios y productos bancarios.
  • Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial.
  • Resolución de 21 de diciembre de 2010, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se publica el Reglamento del Mercado Secundario Oficial de Futuros y Opciones (MEFF).
  • Real Decreto 361/2007, de 16 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, en materia de la participación en el capital de las sociedades que gestionan mercados secundarios de valores y sociedades que administren sistemas de registro, compensación y liquidación de valores.
  • Real Decreto 116/1992, de 14 de febrero, sobre representación de valores por medio de anotaciones en cuenta y compensación y liquidación de operaciones bursátiles.
  • Orden de 25 de marzo de 1991 sobre sistema de crédito en operaciones bursátiles de contado.
  • Orden de 5 de diciembre de 1991 sobre operaciones bursátiles especiales.
  • Ley 43/2007, de 13 de diciembre, de protección de los consumidores en la contratación de bienes con oferta de restitución del precio.
  • Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior y sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales.
  • Real Decreto 1816/1991, de 20 de diciembre, sobre Transacciones Económicas con el Exterior.
  • Real Decreto 664/1999, de 23 de abril, sobre inversiones exteriores.
  • Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
  • Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos.
  • Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación.
  • Real Decreto 2063/2004, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general del régimen sancionador tributario.
  • Ley 11/2009, de 26 de octubre, por la que se regulan las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario.
  • Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas.
  • Real Decreto 1517/2011, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio.
  • Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores.
  • Real Decreto 505/1987, de 3 de abril, por el que se dispone la creación de un sistema de anotaciones en cuenta para la Deuda del Estado.
  • Orden ECO/3131/2002, de 5 de diciembre, sobre Convenios de colaboración relativos a Fondos de Inversión en Deuda del Estado.
  • Orden de 16 de enero de 1992, por la que se autoriza el sistema de negociación, compensación y liquidación de operaciones sobre anotaciones en cuenta de Deuda Pública en las Bolsas de Valores.
  • Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

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OPOSICIONES

¿Pensando en Opositar? 10 preguntas y respuestas para principiantes

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Autor: Carlos Viader Castro

Nacido en 1986, cursó Derecho y Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Complutense de Madrid, licenciándose en ambas en 2010. Comienza entonces la preparación de las oposiciones de Judicatura, las cuales aprobaría en abril de 2012.  Ingresa a continuación en la Escuela Judicial, incorporándose al servicio activo en 2014. Desde 2016, es titular del Juzgado de lo Penal 1 de Melilla.

Miembro del Comité Nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria desde 2017, ha publicado en sus boletines y revistas, además es colaborador habitual en distintos portales jurídicos y medios de comunicación.

Con la entrada del nuevo año, muchos son los propósitos que nos hacemos, siendo uno de ellos, para muchos, el empezar una oposición. En este artículo trato de plantearos las preguntas más frecuentes que uno debe hacerse cuando piensa en comenzar a opositar, junto con unas respuestas que, desde la experiencia del opositor que he sido, os propongo. De todos modos, cada oposición, y cada opositor es un mundo, así que me limito a daros una pincelada general para tratar de orientaros en este duro camino. ¡Empezamos!

Lo primero, ¿es mi camino opositar?

Existe un altísimo porcentaje de abandono en el estudio de las oposiciones, y la respuesta a ese fenómeno es que muchas personas se compran los temarios y emprenden el estudio sin estar realmente convencidas de lo que están haciendo. Las oposiciones no son para todos.

Para empezar, debes plantearte si quieres ser funcionario. En España, a casi todos nos han inculcado en nuestras familias que nos convirtamos en funcionarios, consiguiendo así una estabilidad económica de por vida. Sin embargo, ser funcionario no es la panacea para todo el mundo, tal vez tu camino sea ser emprendedor, y montar tu propia empresa; o trabajar de abogado o consultor en el sector privado, donde muchos ven una carrera profesional mucho más dinámica y vigorizante. También está el factor económico: en determinados sectores privados se puede llegar a ganar mucho más dinero que en el público. Si tu ambición es económica, tal vez el ámbito público no sea el tuyo, aunque siempre tendrás la posibilidad de aprobar, estar unos años en la Administración y pasarte al sector privado. En algunos sectores, como el de la Abogacía del Estado, el nivel de excedencia es elevadísimo.

Para seguir, debes analizar tu personalidad y tus capacidades: la oposición requiere sobre todo constancia, concentración, memoria, y, para algunas, también análisis numérico y contable. Si eres de los que se distrae fácilmente u odias memorizar, tal vez la oposición no sea tu camino.

¿Qué oposición elijo?

Las oposiciones se organizan por niveles dependiendo del grado de estudios que exijan. Por ejemplo, para acceder a unas oposiciones del Grupo A1 (las más duras), será necesario que estés en posesión de un grado o licenciatura, mientras que para acceder al cuerpo de funcionarios del Grupo C2 será suficiente con el Título de Graduado en ESO. Para algunas oposiciones, como Judicatura o Abogacía del Estado, es necesario que ese grado o licenciatura sea necesariamente en Derecho.

Es importante que te informes bien de los temarios y de las expectativas laborales de cada oposición. Acércate a sesiones informativas de academias que preparen oposiciones, y ponte en contacto con funcionarios que ya hayan aprobado la oposición que te planteas. Para eso, redes sociales como Twitter son muy útiles. Trata de hablar con funcionarios jóvenes (tienen la oposición reciente), pero también con los que no lo sean tanto, te podrán dar una perspectiva más completa de la carrera profesional en la que estés interesado. Es evidente, pero no está de más recordarlo: es esencial que te guste el trabajo que desempeñarás si apruebas.

Por último, sé consciente de tus fuertes y de tus debilidades: si eres bueno con los números, plantéate alguna oposición que lleve en el temario matemáticas, estadística o contabilidad (Inspección de Hacienda o Técnico Comercial y Economista del Estado). Si tienes una gran memoria y tienes facilidad de palabra, apuesta por Judicatura, Notarías o Registros. Si los nervios son tu problema, y te ves incapaz de “cantar” temas delante de un tribunal, opta por oposiciones que no cuenten con examen oral (Técnico de Hacienda, Policía Nacional, Gestor Procesal, etc.)

¿Preparo solo o por academia o preparador?

Si tus recursos económicos te lo permiten, lo mejor es que recurras a una academia o a un preparador, ya que te ayudarán a estructurarte el temario, te llevarán un control del estudio, y sentirás una presión constante que siempre es buena para estudiar y evitar relajarse demasiado. También podrán proporcionarte esquemas, temarios y actualizaciones que te ahorrarán mucho tiempo de trabajo.

A la hora de elegirlos, no se tratará tanto de conectar personalmente como de que se trate de personas competentes, que se tomen tu oposición tan en serio como tú. Pregúntales directamente su experiencia y su nivel de aprobados, e infórmate también a través de personas que ya hayan hecho uso de sus servicios.

¿Puedo opositar mientras trabajo?

Si quieres compatibilizar trabajo y oposición, aprobar no es imposible, pero es mucho más complicado, si bien siempre dependerá del nivel de exigencia de la oposición que elijas. Evidentemente, el tiempo que tardarás en aprobar será presumiblemente mayor que el de quien no tiene ninguna obligación más que estudiar, pero no serías el primero en conseguirlo. Analiza las oposiciones que hay, el número de temas que tiene cada una, los tipos de ejercicio que implican, tus capacidades y el tiempo del que dispones y adopta una decisión realista.

¿Hay alguna fórmula mágica para aprobar una oposición?

Ninguna fórmula garantiza el aprobado, pero sí hay una que te puede ayudar bastante. Los ingredientes son: constancia, esfuerzo, motivación, y REALISMO. Debes ser sincero contigo mismo en relación a tus capacidades, al tiempo real que le estás dedicando, y a si estás dando todo de ti o no. A estos factores que dependen de ti se unen otros que no: el número de plazas convocadas, la frecuencia de las convocatorias y el número de competidores. Cuanto más trabajes los primeros, menos te afectarán los segundos.

¿Cuántos años se tarda en aprobar una oposición?

Como decía al inicio del artículo, cada opositor es diferente y una misma oposición puede costarle a uno cinco años y a otro dos. Pero sí es cierto que existen estadísticas que te pueden ayudar a hacerte una idea. Por ejemplo, el Consejo General del Poder Judicial publica anualmente la media de tiempo de preparación de los recién aprobados de Judicatura, la cual obtiene mediante encuestas realizadas a los alumnos de la Escuela Judicial, ascendiendo en 2019 a 4 años y 8 meses. Pero ese dato no deja de ser eso, un dato: trata de aprobar en el menor tiempo posible, evitando relajarte porque la oposición que estudias, de media, se tarde mucho en aprobar.

¿Cuándo debo abandonar la oposición?

Se trata de una decisión dura y personalísima, pero que en ocasiones en necesario adoptar. Debes analizar si, en el tiempo que llevas estudiando, has aprobado alguno de los exámenes de la oposición, y, si no lo has hecho, por qué. Asimismo, a veces uno tarda más en aprobar debido a circunstancias ajenas a su propia voluntad, como por un escaso número de plazas, o por la falta de convocatorias, lo que ha ocurrido recientemente a consecuencia de la crisis económica. Por eso, más que en el número de años, debes pensar en el número de convocatorias que has firmado y el éxito que has obtenido en cada una de ellas. Ese será el dato realista que te guiará en tu decisión de abandonar o continuar.

¿Puedo presentarme a una oposición para la que no estoy preparándome? ¿Y cambiar de oposición?

Hay oposiciones con temarios parecidos, siendo también muy común que las oposiciones de niveles superiores contengan el temario de oposiciones de un nivel inferior. Por ejemplo, si estás estudiando para Inspección de Hacienda, no es ningún disparate que te presentes a Técnico de Hacienda. Hay numerosos casos de personas que han aprobado dos oposiciones casi simultáneamente: la del nivel superior y la del inferior. Ahora, cuidado con abarcar demasiado: siempre deberás tener clara cuál es la oposición que estás estudiando, presentándote a otras solo “por si acaso” o para entrenarte. Si cambias de oposición cada dos por tres no aprobarás ninguna.

En cuanto a cambiar de oposición, si ves que la que empezaste a preparar se te está haciendo demasiado dura, no hay convocatorias o el número de plazas es demasiado bajo, puede ser una buena opción, o bien a una de temario similar o bien de nivel inferior. Ahora, como apuntaba en el párrafo anterior, una vez te cambies, a muerte con la nueva. Y recuerda que, en algunos casos, si apruebas una de nivel inferior a la que inicialmente preparabas, podrás ascender mediante promoción interna, mucho más restringida que la convocatoria de acceso general.

Una vez apruebe la oposición ¿tendré que vivir fuera de mi ciudad?

A la hora de elegir oposición, este es un factor que debes tener muy en cuenta si tienes importantes inconvenientes para mudarte a otra localidad. Así, las probabilidades de que tengas que cambiar de ciudad dependerá de dos factores: la oposición elegida, y tu lugar de residencia. Así, por ejemplo, si eres catalán, no tendrás problemas en volver, lo que es aplicable a casi cualquier oposición. Ahora, si has aprobado Judicatura y eres madrileño, prepárate para estar muchos años fuera de tu casa. En materia de conciliación de vida personal y profesional, esta es una de las grandes limitaciones del funcionariado.

Y si no apruebo la oposición, ¿qué ocurre?

Casi siempre, el tiempo que uno pasa opositando es tiempo bien empleado. Habrás adquirido conocimientos y profundizado en los que ya tenías. Es por ello que las empresas privadas, lejos de despreciar ese tiempo, lo valoran. Asimismo, si no has aprobado la oposición, pero sí algunos de sus ejercicios, puedes acceder a una bolsa de interinos que, en ocasiones, te permite trabajar durante años.

Se os plantearán mil y una dudas más sobre opositar, por lo que no dudéis en informaros lo máximo que podáis antes de poneros a estudiar, utilizando todo tipo de medios. Una buena información de partida os ahorrará disgustos y decepciones que son fácilmente evitables. Así que, ¡ánimo y a por ello!

Autor: Carlos Viader Castro

Nacido en 1986, cursó Derecho y Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Complutense de Madrid, licenciándose en ambas en 2010. Comienza entonces la preparación de las oposiciones de Judicatura, las cuales aprobaría en abril de 2012.  Ingresa a continuación en la Escuela Judicial, incorporándose al servicio activo en 2014. Actualmente titular del Juzgado de lo Penal 1 de Melilla desde 2016.

Miembro del Comité Nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria desde 2017, ha publicado en sus boletines y revistas, además es colaborador habitual en distintos portales jurídicos y medios de comunicación.

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