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CURIOSIDADES

#FreeBritney. La tutela legal en España

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Tras, aproximadamente, un año de batalla legal, el otro día se publicaba la noticia de que el padre de la cantante Britney Spears finalmente renunciaba a su tutela legal, que ostentaba desde el año 2008 de manera compartida con el abogado Andrew Wallet y desde el año 2019 de manera individual. La cuestión de la tutela legal de Britney Spears se hizo famosa cuando hace un año la cantante denunció abusos por parte de su tutor legal, su padre, quien cobraba unos 13.400€ mensuales por ejercer tal función y quien le controlaba absolutamente todos los aspectos de su vida personal y profesional con el argumento de que su hija carecía de capacidad legal. Fue en este momento cuando el hashtag #FreeBritney se hizo famoso en las redes sociales.

La tutela legal es una figura jurídica recogida en todas las legislaciones nacionales, incluida la española, aunque cada una con sus propios matices. En esta entrada os contamos en qué consiste.

 

Guarda y protección legal

En España no tenemos una única figura para la protección de menores o incapacitados, sino que tenemos varias en función del sujeto y del grado de incapacidad. Según el art. 215 del Código Civil, “la guarda y protección de la persona y bienes o solamente de la persona o de los bienes de los menores o incapacitados se realizará, en los casos que proceda mediante: 1º la tutela, 2º la curatela y 3º el defensor judicial”.

  • La tutela se ejerce sobre
  • Los menores no emancipados que no estén bajo la patria potestad.
  • Los incapacitados, cuando la sentencia lo haya establecido.
  • Los sujetos a la patria potestad prorrogada, al cesar ésta, salvo que proceda la curatela.
  • Los menores que se hallen en situación de desamparo.

En el caso de la tutela, el tutor (normalmente un pariente cercano) tiene la obligación de velar por el bien de la persona y de todos sus bienes.

Así como la patria potestad se obtiene en el momento en el que se tiene un descendiente, para el caso de la tutela es necesaria una adjudicación judicial que posteriormente se inscribe en el Registro Civil.

  • La curatela se ejerce sobre
  • Los emancipados cuyos padres fallecieren o quedaran impedidos para el ejercicio de la asistencia prevenida por la Ley.
  • Los que obtuvieren el beneficio de la mayor edad.
  • Los declarados pródigos.
  • Igualmente procede la curatela para las personas a quienes la sentencia de incapacitación o, en su caso, la resolución judicial que la modifique coloquen bajo esta forma de protección en atención a su grado de discernimiento.

La curatela de los incapacitados (entendiéndose por incapacitado, en este caso, una discapacidad leve) tendrá por objeto la asistencia del curador para aquellos actos que expresamente imponga la sentencia que la haya establecido. En este caso, el curador no vela en todo momento por el bien de la persona ni por su patrimonio, sino que se encarga de mediar en determinados actos jurídicos (cuando por ejemplo se exige una firma para determinados actos).

  • El Defensor Judicial es una figura suplementaria que interviene cuando hay conflictos entre la persona y su tutor o curador legal o cuando el tutor o el curador no ejercieran sus funciones.

Este defensor es elegido por el juez de manera discrecional y finaliza su actuación cuando desaparece la causa que dio lugar a su nombramiento.

 

Incapacitación

Conviene aclarar que existen situaciones en las que una persona adulta pasa a ser declarada incapaz (física o mentalmente), aunque previamente no lo fuera, lo que origina la designación de un tutor o curador, en función del grado de incapacidad que se acredita. Dentro del proceso para incapacitar a una persona (como ocurrió en caso de Britney Spears en el año 2008 tras una grave depresión) están legitimados para iniciarlo el cónyuge o descendientes y, en ausencia de éstos, los ascendientes o hermanos del presunto incapaz. En ausencia de éstos, será el Ministerio Fiscal quien promueva la incapacitación. En los procesos de incapacitación, el tribunal oirá a los parientes más próximos del presunto incapaz, así como al incapaz, que podrá defenderse, examinará a éste por sí mismo y acordará los dictámenes periciales necesarios o pertinentes en relación con las pretensiones de la demanda y demás medidas previstas por las leyes. La sentencia que declare la incapacitación determinará la extensión y los límites de ésta, así como el régimen de tutela o guarda a que haya de quedar sometido el incapacitado.

 

Regulación

Todas estas figuras encuentran su acomodo legal en el Título X del Código Civil, titulado “de la tutela, de la curatela y de la guarda de los menores o incapacitados”.

No obstante, a partir del 3 de septiembre de 2021 entrarán en vigor numerosos cambios en la regulación con motivo de la aprobación de la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica («B.O.E.» 3 junio).

 

¿Qué hacer si estás en la misma situación que Britney Spears?

Si bien la normativa que regula la protección y guarda de menores y personas discapacitadas busca su efectiva tutela frente al desamparo legal, esto no impide que se den situaciones en las que el tutor abusa de sus funciones en detrimento de los intereses de la persona tutelada, como ocurre, presuntamente, en el caso de Britney Spears.

Para estos casos, el Código Civil prevé que la Entidad Pública y el Ministerio Fiscal podrán promover, si procediere, la privación de la patria potestad y la remoción de la tutela (art. 172 CC). Si el tutor o curador cometen alguna infracción durante el ejercicio de sus funciones, éstos pueden ser destituidos por un juez de oficio o a petición del Ministerio Fiscal o de cualquier otra persona interesada. Cuando esto ocurre, mientras se designa a un nuevo tutor, se nombrará a un defensor judicial que protegerá los intereses del menor o del incapaz.

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¿Qué implica ser refugiado?

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Por desgracia, a diario somos testigos de noticias devastadoras. La última, sobre la crisis que está viviendo Afganistán y sus ciudadanos tras el regreso de los talibanes al poder. Como consecuencia de estas crisis políticas en países extranjeros que originan incertidumbre y peligro, los civiles huyen en grandes masas a lugares más seguros donde sus derechos no se vean amenazados. Para asegurar una mejor protección de las personas cuando abandonan sus países de origen, el Derecho internacional contempla la figura del refugiado, de la que tanto hemos oído hablar en las noticias. En la actualidad, según ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la cifra de refugiados ha alcanzado un nuevo récord en 2020 con 82,4 millones de personas desplazadas, aunque como consecuencia de la crisis de Afganistán, este número se verá incrementado en las próximas estadísticas. Pero ¿qué implica ser refugiado?

 

Regulación de la figura del refugiado

En el año 1951, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Convención sobre el Estatuto del Refugiado.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) es la agencia especializada de las Naciones Unidas encargada de velar por el correcto cumplimiento de esta Convención.

No obstante, es cierto que a nivel regional (Unión Europea, Unión Africana, Organización de Estados Americanos) y a nivel nacional, existen otros instrumentos normativos encaminados a precisar el contenido de la figura del refugiado. En España, por ejemplo, tenemos la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria.

 

Definición de refugiado

Según la Convención de 1951, “refugiado” es toda persona que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él. En otras palabras, serán refugiados quienes huyan de su país por miedo a ser perseguidos.

Respecto de los refugiados, los Estados que los acogen tienen la obligación de concederles el trato más favorable posible y en ningún caso menos favorable que el concedido generalmente a los extranjeros en iguales circunstancias.

Por tanto, y al contrario de lo que predican algunas creencias populares, el hecho de ser refugiado no garantiza un hogar ni un trabajo, sino las mismas oportunidades de acceso a los mismos que para el resto de personas.

 

Figuras afines

Debemos diferenciar la condición de refugiado de otras similares, como:

  • Asilo territorial: protección que un Estado presta en su territorio al acoger en el mismo a determinadas personas que llegan a él perseguidas por diversos motivos y cuya vida o libertad se encuentran en peligro en el Estado de procedencia. En este sentido, la figura del refugiado sería una clase de asilo territorial.
  • Asilo diplomático: protección que un Estado presta en su territorio al acoger en el mismo a determinadas personas que llegan a él perseguidas por motivos (únicamente) políticos o ideológicos y que al solicitarlo se dé una situación de urgencia. Este es el caso, por ejemplo, de Julian Assange.
  • Protección subsidiaria (figura del Derecho de la UE): un nacional de un tercer país o una persona sin nacionalidad que no reúne los requisitos para ser refugiado, pero respecto del cual se den motivos fundados para creer que, si regresase a su país de origen o, en el caso de un apátrida, al país de su anterior residencia habitual, se enfrentaría a un riesgo real de sufrir daños graves, y que no puede o, a causa de dicho riesgo, no quiere acogerse a la protección de tal país (por ejemplo, países donde aún siguen vigentes la pena de muerte, la ablación genital femenina, la tortura…).

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Vuelta a las aulas de Derecho ¿vuelta a la normalidad?

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El pasado curso académico, sin vacunas y con la COVID-19 expandiéndose sin límites, se caracterizó por sus innumerables complicaciones técnicas. Las universidades que optaron por la docencia online para proteger a su alumnado se toparon con problemas técnicos relacionados con la sobrecarga de las aplicaciones virtuales de videoconferencia y de evaluación, con fallos de conexión en los momentos más inoportunos, con la necesidad de adaptación rápida de profesorado poco acostumbrado a las nuevas tecnologías… Por su parte, las universidades que optaron por la presencialidad o la semipresencialidad se las tuvieron que ver con las dificultades de respetar las distancias de seguridad y la escasez de espacios físicos en la Facultad, con la posibilidad de que algún alumno, alumna o profesor se contagiase y todo el grupo tuviese que hacer cuarentena, con dar y recibir clases con la mascarilla puesta… No ha sido un curso fácil para nadie.

A punto de comenzar el nuevo curso académico 2021-2022, y con el 70% de población vacunada en España, es el momento de plantearse qué va a pasar en los próximos meses, dado que, a pesar de las altas tasas de vacunación, la incidencia acumulada a 14 días sigue en niveles muy elevados, considerados de riesgo muy alto.

En Andalucía, el Consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Rogelio Velasco, ha asegurado que las clases en las universidades andaluzas serán presenciales. En el mismo sentido se han pronunciado las comunidades autónomas de Galicia y País Vasco.

No obstante, otras comunidades autónomas tienen aún dudas. Tras la publicación de las recomendaciones de cara al inicio de curso 2021/2022 el pasado 16 de julio, muchas universidades han declarado que no poseen el espacio físico suficiente para garantizar entre 1 y 1,5 metros de distancia entre los alumnos en el aula, por lo que tendrán que optar por repartir a los alumnos en diferentes aulas o dar a parte del grupo la clase en remoto. Otras Universidades se han decantado por el sistema de elección individual (el estudiante solicita acudir presencialmente al aula hasta completarse el aforo). Por último, las universidades más pudientes ofrecen un 100% de presencialidad con la posibilidad de que los estudiantes se realicen pruebas de detección del COVID-19 gratuitas.

De nuevo, nos encontramos con un curso académico caracterizado por sus altas dosis de improvisación y por la disparidad de protocolos adoptados por las comunidades autónomas, dado que las recomendaciones nacionales únicamente son eso: recomendaciones.

Lo que sí parece cierto es que, a pesar de la llegada de las vacunas y de las altas tasas de inmunización, el próximo curso académico no nos vamos a librar de las mascarillas y de las distancias de seguridad (al contrario de lo que está ocurriendo en otros países de Europa como Francia o Reino Unido, en los que paulatinamente se están eliminando medidas como la relativa a la distancia de seguridad).

Poder acudir a las aulas y socializar con los compañeros es algo que las nuevas tecnologías, por mucho que avancen, no pueden garantizar. Además, tiene repercusiones muy positivas en la salud mental y el nivel de desempeño de los estudiantes. En el caso concreto de los estudiantes de Derecho o de Másteres especializados en alguna rama del Derecho, socializar no sirve únicamente para hacer amigos, sino también para empezar a tejer una red de contactos profesionales, tanto con compañeros como con profesores, por lo que la presencialidad en el aula es imperativa.

Con todo, esperamos que la incidencia remita, que España consiga relajar las medidas, y que los protocolos de medidas para la vuelta a las aulas sean diseñados de manera flexible para poder permitir una presencialidad plena si se dan las condiciones.

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El plagio de trabajos en estudiantes de Derecho

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Muchos estudiantes de Derecho están comenzando su último curso académico antes de terminar sus estudios y lo hacen con cierto temor, pues llega el momento de enfrentarse al temido Trabajo de Fin de Grado. Una de las razones de su preocupación tiene que ver con las constantes amenazas por parte del profesorado de que si plagian el contenido recaerá sobre ellos una sanción académica. Siendo los alumnos y alumnas de Derecho los que más saben de leyes y normas… ¿por qué esta cuestión les preocupa tanto? La respuesta es sencilla: muchas veces no queda del todo claro qué se entiende por plagio y, por tanto, no tienen certeza de lo que pueden y no pueden hacer al redactar su TFG. ¡En esta entrada te lo contamos!

 

¿Qué es el plagio?

Plagiar quiere decir copiar literalmente una idea o información sin mencionar al autor del que proviene la idea o la fuente de donde se ha sacado la información, dando a entender que dicha idea o información son propias. De manera sencilla, equivale a “robar” información.

En el ámbito académico, los reglamentos de ordenación académica de todas las universidades consideran el plagio en los trabajos universitarios (ya sea el TFG o cualquier otro) como una falta grave que puede dar origen a la apertura de un expediente académico que puede marcar de por vida al estudiante en cuestión.

 

¿Cómo se detecta el plagio?

En la actualidad existen numerosas herramientas de hardware y software a disposición de las instituciones académicas, previa suscripción o abono de la licencia, para que su profesorado pueda utilizarlas libremente para detectar el ciberplagio académico en los trabajos universitarios que encomiendan a sus alumnos, incluidos los TFG.

Aunque existen muchas otras aplicaciones, Turnitin es, quizá, la más famosa de España y se trata de una herramienta virtual que las universidades han incorporado en sus plataformas de Moodle. La metodología es sencilla: el profesor o profesora habilita una tarea de turnitin en Moodle en la que el estudiante puede subir su trabajo y en unos minutos obtiene el resultado de plagio, donde se indica el % de copia y los lugares de donde se ha copiado la información.

El problema de Turnitin es que se trata de una herramienta automática que no discrimina de manera racional, por lo que, si tu trabajo incluye un artículo de una ley, que, evidentemente, no se puede modificar ni cambiar la terminología, también aparecerá reflejado como copia sin que ello signifique que el estudiante está plagiando información.

Muchas universidades utilizan ese % de turnitin como límite del plagio admitido (por ejemplo: no se aceptan TFG para su defensa que, tras comprobar el plagio, éste sea superior al 20% del contenido de dicho TFG).

 

¿Cómo evito el plagio?

Si se plagia cuando no se refleja de dónde se está sacando la información… Evitar el plagio es tan sencillo como dejar constancia de dónde se está sacando esa información, lo que se denomina “citar” la fuente.

Dependiendo de la universidad donde se estudie y se realice el TFG, el sistema de citación es uno u otro (APA, MLA, Chicago…). Estos sistemas de citas son guías prácticas que te indican cómo se debe citar la información extraída de manuales, de capítulos de libro, de revistas científicas, de páginas web… En el momento en el que utilizas una idea de un autor en tu trabajo, ya sea de forma literal (y en tal caso deberás ponerlo entre comillas) o parafraseando la información (y entonces no hacen falta comillas), al final de la idea que deseas transmitir debes indicar el autor y el lugar de donde has extraído la idea siguiendo el sistema de citas que te pide tu universidad.

Si sigues al pie de la letra las indicaciones de tu profesor o profesora y citas todas las ideas que no son tuyas, no tendrás problema al realizar y defender tu TFG y podrás olvidarte de tu preocupación por el plagio y las posibles sanciones académicas. Recuerda: plagiar es robar información y todos los autores merecen crédito por sus ideas y su trabajo.

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