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SALIDAS PROFESIONALES DERECHO

La especialización en derecho de consumo y protección de consumidores

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Carla Pla Díaz. Paralegal en JJL Abogados en el Área de Procesal. Graduada en Derecho y Máster de Abogacía por la Universidad de Valencia. Experiencia en despachos como Garrigues, Broseta Abogados y Varona Legal Numbers.

El 6 de diciembre de 1978 fue aprobada la Constitución Española, mediante la cual se configuraba como un principio esencial la protección de los consumidores y de los usuarios. Así pues, a través de esta norma también conocida bajo las expresiones de “Carta Magna”, “Ley Suprema” o “Ley Superior”, entre otras, se imponía al Estado la obligación de salvaguardar los derechos y libertades de los ciudadanos en esta esfera.

En este sentido, el referido artículo 51 insta a los poderes públicos a cumplir con diversas responsabilidades:

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  1. Garantizar la defensa de los consumidores y usuarios.
  2. Proteger su seguridad, salud y legítimos intereses económicos.
  3. Promover la información y educación de los consumidores y usuarios.
  4. Fomentar sus organizaciones, dándoles voz en asuntos que puedan afectarles, en los términos que la ley establezca.

Actualmente, este mandato constitucional es desarrollado a través del Real Decreto Legislativo 1/2007, que aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios (en adelante, TRLGDCU) y otras leyes complementarias y deroga la anterior Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

Por consiguiente, la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios encuentra su principal respaldo en el TRLGDCU, así como en las normativas de protección del consumidor establecidas por las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus competencias. No obstante, esto se realiza sin menoscabo de otras normas de carácter sectorial que regulan productos o servicios con carácter determinado.

 

  • ¿Qué es un consumidor y un usuario?

Según el artículo 3 del TRLGDCU, son consumidores o usuarios las personas físicas que actúan con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión y, también, las personas jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica que actúan sin ánimo de lucro en un ámbito ajeno a una actividad comercial o empresarial. Esto es, se trata de aquellos que intervienen en las relaciones de consumo con fines privados, contratando bienes y servicios como destinatario final, sin incorporarlos, ni directa, ni indirectamente, en procesos de producción, comercialización o prestación a terceros.

 

  • El papel del Abogado especializado en consumo ¿Cómo se puede brindar protección de esos derechos? 

Cuando cualquiera de los derechos de los consumidores y usuarios se haya visto vulnerado es necesaria la actuación de un profesional. Aquí entra en acción el papel del abogado. Y es que un abogado de derecho de consumo es un profesional legal que se especializa en cuestiones relacionadas con la protección de los derechos de los consumidores y usuarios.

Se centran en asesorar y representar a individuos e incluso a grupos de consumidores que hayan experimentado problemas con productos o servicios defectuosos, publicidad engañosa, prácticas comerciales desleales o cualquier otra vulneración de las leyes de protección al consumidor y usuario. Su cometido principal es buscar soluciones que beneficien a los consumidores y usuarios afectados.

No obstante, también existen en España asociaciones de consumidores y usuarios que velan por la defensa de los derechos de los consumidores. Se trata de aquellas agrupaciones sin ánimo lucro que, constituidas conforme a lo previsto en la legislación sobre asociaciones y reuniendo los requisitos específicos exigidos en esta norma y sus normas de desarrollo y, en su caso, en la legislación autonómica que les resulte de aplicación, tienen como finalidad la defensa de los derechos e intereses legítimos de los consumidores, incluyendo su información, formación y educación, bien sea con carácter general, bien en relación con bienes o servicios determinados.

 

Las más conocidas en España son, entre otras:

OCU (Organización de Consumidores y Usuarios),

FACUA, (Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía),

ASGECO (Asociación General de Consumidores),

CECU (Confederación de Consumidores y Usuarios) y

ASUFIN (Asociación de Usuarios Financieros.

Asimismo, también existe el denominado Consejo de Consumidores y Usuarios, que está compuesto por las nueve organizaciones más representativas a escala nacional y tiene como principal objetivo la protección y defensa de los consumidores y usuarios, por lo que persigue incidir en la toma de decisiones que los poderes públicos adoptan en relación con la política de consumo.

En definitiva, el marco legal del derecho de los consumidores y usuarios en España se caracteriza por una sólida protección de los derechos que éstos ostentan. Así, a través de todo el entramado normativo lo que se pretende es establecer derechos que buscan equilibrar las relaciones comerciales y garantizar unas transacciones justas y transparentes. Se trata de cultivar un entorno comercial ético, donde la confianza y la equidad prevalezcan tanto para los consumidores como para las empresas.

No obstante, en aquellos supuestos en que todo ello no se cumpla y sea vulnerado, es fundamental contar con un experto en la materia, como lo es un abogado especializado, que asesore debidamente sobre qué camino escoger para conseguir una correcta defensa de los referidos derechos.

 

  • ¿Y cuáles son los derechos básicos de los consumidores y de los usuarios?

El artículo 8 del TRLGDCU, establece cuáles son los derechos básicos de los consumidores y usuarios y de las personas consumidoras vulnerables. Entre ellos encontramos los siguientes:

La protección contra los riesgos que puedan afectar su salud o seguridad.

La protección de sus legítimos intereses económicos y sociales; en particular frente a las prácticas comerciales desleales y la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos.

La indemnización de los daños y la reparación de los perjuicios sufridos.

La información correcta sobre los diferentes bienes o servicios en formatos que garanticen su accesibilidad y la educación y divulgación para facilitar el conocimiento sobre su adecuado uso, consumo o disfrute, así como la toma de decisiones óptimas para sus intereses.

La audiencia en consulta, la participación en el procedimiento de elaboración de las disposiciones generales que les afectan directamente y la representación de sus intereses, a través de las asociaciones, agrupaciones, federaciones o confederaciones de consumidores y usuarios legalmente constituidas.

La protección de sus derechos mediante procedimientos eficaces, en especial en relación con las personas consumidoras vulnerables.

Por tanto, los poderes públicos protegerán prioritariamente los derechos de los consumidores y usuarios cuando guarden relación directa con bienes o servicios de uso o consumo común, ordinario y generalizado.

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