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CURIOSIDADES

¿Son peligrosos los Juicios Telemáticos?

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El recurso a medios telemáticos a lo largo del proceso judicial no es nada nuevo. Ya antes de la pandemia se utilizaban en algunas fases del juicio, como por ejemplo cuando tenía que intervenir un perito o un médico forense para explicar alguna prueba. Sin embargo, desde el parón judicial con ocasión de la pandemia de la COVID-19, la vuelta progresiva a la “normalidad” y a la celebración de juicios se ha caracterizado por el uso creciente de las nuevas tecnologías y, especialmente, de plataformas de videoconferencia a través de las cuales se realizan las vistas de manera virtual. El primer juicio que se realizó telemáticamente de manera íntegra tuvo lugar el 11 de mayo de 2020,

Aunque algunos juristas alaban la inclusión de estos medios en su día a día, pues, en el caso de ser abogado y tener que desplazarte largas distancias, poder hacer trámites sencillos online ahorran mucho tiempo y dinero, otros dudan de los beneficios de esta nueva dinámica y destacan algunos peligros que el uso de videoconferencias para la celebración de vistas pueden tener en relación a las garantías procesales y a los juicios justos.

Falta de medios adecuados: No todos los juzgados en España están equipados adecuadamente con medios telemáticos para realizar videoconferencias (ordenadores, cámaras, sistemas de sonido, personal informático…), y dentro del territorio se dan importantes disparidades entre comunidades autónomas con mejores medios que otras. Esta suele ser una queja recurrente en Juzgados de Andalucía, Murcia o Extremadura, en comparación con los juzgados de Madrid, que afirman que desde el inicio de la pandemia se les facilitaron todas estas instalaciones. Rafael Massieu, presidente del comité de desarrollo tecnológico del Consejo General de la Abogacía Española, insiste en que la implantación de los juicios digitales es “directamente proporcional” a la inversión pública.

Disparidad de plataformas: en Madrid se utiliza Zoom; en Cantabria, Skype Empresarial, y en Valencia, Cisco Webex, por lo que al no estar familiarizados unos con otros, en caso de tener que recurrir a otros sistemas, pueden darse problemas. Desde el Consejo General de la Abogacía Española apuntan que sería necesario contar con una herramienta propia para no tener que depender de empresas ajenas que pueden llegar a comprometer la imparcialidad de los juicios.

Inevitables fallos técnicos: A día de hoy resulta extraño encontrar a alguna persona que no haya tenido que recurrir a una videoconferencia para el desempeño de su actividad profesional (estudiantes haciendo exámenes o recibiendo clases online, abogados teniendo reuniones con clientes por videoconferencia, reuniones habituales de equipo cuando las personas están trabajando desde casa, quedadas virtuales con amigos cuando se está confinado…). Y ¿A quién no se le ha caído internet? Es habitual que en el curso de estas videoconferencias uno pierda la conexión y no sea capaz de seguir lo que se está diciendo y haciendo, o se tenga que repetir lo ya dicho.

Manipulación de testigos y pruebas: Otro de los grandes desafíos de la celebración de vistas virtuales es mantener el nivel de garantías procesales. En el caso de los juicios penales, en los que es habitual interrogar a testigos durante la vista, en el caso de que el interrogatorio se realice en remoto puede darse el riesgo de que el testigo esté recibiendo información o directrices que puedan manipular su testimonio mientras éste lo ofrece, sin que el letrado de la parte contraria, el juez o el fiscal puedan darse cuenta, pudiendo llegar a viciar el proceso. No obstante, muchos juristas apuntan que determinadas fases como las audiencias previas, o en otros ámbitos como el civil o el laboral, que funcionan de manera diferente, esto no llegaría a ser un problema, por lo que es importante aprobar una normativa en la que se aclare en que trámites, en qué ámbitos o en qué procesos puede resultar pertinente la utilización de las nuevas tecnologías.

A pesar de todos estos límites, que pueden llegar a solventarse con una buena inversión pública y con la adecuada regulación del uso de las tecnologías en la Administración de Justicia, lo cierto es que su efectiva implantación puede ayudar a descongestionar y a aliviar el atasco que sufre la justicia en la actualidad.

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CURIOSIDADES

¿Qué implica ser refugiado?

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Por desgracia, a diario somos testigos de noticias devastadoras. La última, sobre la crisis que está viviendo Afganistán y sus ciudadanos tras el regreso de los talibanes al poder. Como consecuencia de estas crisis políticas en países extranjeros que originan incertidumbre y peligro, los civiles huyen en grandes masas a lugares más seguros donde sus derechos no se vean amenazados. Para asegurar una mejor protección de las personas cuando abandonan sus países de origen, el Derecho internacional contempla la figura del refugiado, de la que tanto hemos oído hablar en las noticias. En la actualidad, según ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la cifra de refugiados ha alcanzado un nuevo récord en 2020 con 82,4 millones de personas desplazadas, aunque como consecuencia de la crisis de Afganistán, este número se verá incrementado en las próximas estadísticas. Pero ¿qué implica ser refugiado?

 

Regulación de la figura del refugiado

En el año 1951, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Convención sobre el Estatuto del Refugiado.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) es la agencia especializada de las Naciones Unidas encargada de velar por el correcto cumplimiento de esta Convención.

No obstante, es cierto que a nivel regional (Unión Europea, Unión Africana, Organización de Estados Americanos) y a nivel nacional, existen otros instrumentos normativos encaminados a precisar el contenido de la figura del refugiado. En España, por ejemplo, tenemos la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria.

 

Definición de refugiado

Según la Convención de 1951, “refugiado” es toda persona que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él. En otras palabras, serán refugiados quienes huyan de su país por miedo a ser perseguidos.

Respecto de los refugiados, los Estados que los acogen tienen la obligación de concederles el trato más favorable posible y en ningún caso menos favorable que el concedido generalmente a los extranjeros en iguales circunstancias.

Por tanto, y al contrario de lo que predican algunas creencias populares, el hecho de ser refugiado no garantiza un hogar ni un trabajo, sino las mismas oportunidades de acceso a los mismos que para el resto de personas.

 

Figuras afines

Debemos diferenciar la condición de refugiado de otras similares, como:

  • Asilo territorial: protección que un Estado presta en su territorio al acoger en el mismo a determinadas personas que llegan a él perseguidas por diversos motivos y cuya vida o libertad se encuentran en peligro en el Estado de procedencia. En este sentido, la figura del refugiado sería una clase de asilo territorial.
  • Asilo diplomático: protección que un Estado presta en su territorio al acoger en el mismo a determinadas personas que llegan a él perseguidas por motivos (únicamente) políticos o ideológicos y que al solicitarlo se dé una situación de urgencia. Este es el caso, por ejemplo, de Julian Assange.
  • Protección subsidiaria (figura del Derecho de la UE): un nacional de un tercer país o una persona sin nacionalidad que no reúne los requisitos para ser refugiado, pero respecto del cual se den motivos fundados para creer que, si regresase a su país de origen o, en el caso de un apátrida, al país de su anterior residencia habitual, se enfrentaría a un riesgo real de sufrir daños graves, y que no puede o, a causa de dicho riesgo, no quiere acogerse a la protección de tal país (por ejemplo, países donde aún siguen vigentes la pena de muerte, la ablación genital femenina, la tortura…).

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Vuelta a las aulas de Derecho ¿vuelta a la normalidad?

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El pasado curso académico, sin vacunas y con la COVID-19 expandiéndose sin límites, se caracterizó por sus innumerables complicaciones técnicas. Las universidades que optaron por la docencia online para proteger a su alumnado se toparon con problemas técnicos relacionados con la sobrecarga de las aplicaciones virtuales de videoconferencia y de evaluación, con fallos de conexión en los momentos más inoportunos, con la necesidad de adaptación rápida de profesorado poco acostumbrado a las nuevas tecnologías… Por su parte, las universidades que optaron por la presencialidad o la semipresencialidad se las tuvieron que ver con las dificultades de respetar las distancias de seguridad y la escasez de espacios físicos en la Facultad, con la posibilidad de que algún alumno, alumna o profesor se contagiase y todo el grupo tuviese que hacer cuarentena, con dar y recibir clases con la mascarilla puesta… No ha sido un curso fácil para nadie.

A punto de comenzar el nuevo curso académico 2021-2022, y con el 70% de población vacunada en España, es el momento de plantearse qué va a pasar en los próximos meses, dado que, a pesar de las altas tasas de vacunación, la incidencia acumulada a 14 días sigue en niveles muy elevados, considerados de riesgo muy alto.

En Andalucía, el Consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Rogelio Velasco, ha asegurado que las clases en las universidades andaluzas serán presenciales. En el mismo sentido se han pronunciado las comunidades autónomas de Galicia y País Vasco.

No obstante, otras comunidades autónomas tienen aún dudas. Tras la publicación de las recomendaciones de cara al inicio de curso 2021/2022 el pasado 16 de julio, muchas universidades han declarado que no poseen el espacio físico suficiente para garantizar entre 1 y 1,5 metros de distancia entre los alumnos en el aula, por lo que tendrán que optar por repartir a los alumnos en diferentes aulas o dar a parte del grupo la clase en remoto. Otras Universidades se han decantado por el sistema de elección individual (el estudiante solicita acudir presencialmente al aula hasta completarse el aforo). Por último, las universidades más pudientes ofrecen un 100% de presencialidad con la posibilidad de que los estudiantes se realicen pruebas de detección del COVID-19 gratuitas.

De nuevo, nos encontramos con un curso académico caracterizado por sus altas dosis de improvisación y por la disparidad de protocolos adoptados por las comunidades autónomas, dado que las recomendaciones nacionales únicamente son eso: recomendaciones.

Lo que sí parece cierto es que, a pesar de la llegada de las vacunas y de las altas tasas de inmunización, el próximo curso académico no nos vamos a librar de las mascarillas y de las distancias de seguridad (al contrario de lo que está ocurriendo en otros países de Europa como Francia o Reino Unido, en los que paulatinamente se están eliminando medidas como la relativa a la distancia de seguridad).

Poder acudir a las aulas y socializar con los compañeros es algo que las nuevas tecnologías, por mucho que avancen, no pueden garantizar. Además, tiene repercusiones muy positivas en la salud mental y el nivel de desempeño de los estudiantes. En el caso concreto de los estudiantes de Derecho o de Másteres especializados en alguna rama del Derecho, socializar no sirve únicamente para hacer amigos, sino también para empezar a tejer una red de contactos profesionales, tanto con compañeros como con profesores, por lo que la presencialidad en el aula es imperativa.

Con todo, esperamos que la incidencia remita, que España consiga relajar las medidas, y que los protocolos de medidas para la vuelta a las aulas sean diseñados de manera flexible para poder permitir una presencialidad plena si se dan las condiciones.

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El plagio de trabajos en estudiantes de Derecho

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Muchos estudiantes de Derecho están comenzando su último curso académico antes de terminar sus estudios y lo hacen con cierto temor, pues llega el momento de enfrentarse al temido Trabajo de Fin de Grado. Una de las razones de su preocupación tiene que ver con las constantes amenazas por parte del profesorado de que si plagian el contenido recaerá sobre ellos una sanción académica. Siendo los alumnos y alumnas de Derecho los que más saben de leyes y normas… ¿por qué esta cuestión les preocupa tanto? La respuesta es sencilla: muchas veces no queda del todo claro qué se entiende por plagio y, por tanto, no tienen certeza de lo que pueden y no pueden hacer al redactar su TFG. ¡En esta entrada te lo contamos!

 

¿Qué es el plagio?

Plagiar quiere decir copiar literalmente una idea o información sin mencionar al autor del que proviene la idea o la fuente de donde se ha sacado la información, dando a entender que dicha idea o información son propias. De manera sencilla, equivale a “robar” información.

En el ámbito académico, los reglamentos de ordenación académica de todas las universidades consideran el plagio en los trabajos universitarios (ya sea el TFG o cualquier otro) como una falta grave que puede dar origen a la apertura de un expediente académico que puede marcar de por vida al estudiante en cuestión.

 

¿Cómo se detecta el plagio?

En la actualidad existen numerosas herramientas de hardware y software a disposición de las instituciones académicas, previa suscripción o abono de la licencia, para que su profesorado pueda utilizarlas libremente para detectar el ciberplagio académico en los trabajos universitarios que encomiendan a sus alumnos, incluidos los TFG.

Aunque existen muchas otras aplicaciones, Turnitin es, quizá, la más famosa de España y se trata de una herramienta virtual que las universidades han incorporado en sus plataformas de Moodle. La metodología es sencilla: el profesor o profesora habilita una tarea de turnitin en Moodle en la que el estudiante puede subir su trabajo y en unos minutos obtiene el resultado de plagio, donde se indica el % de copia y los lugares de donde se ha copiado la información.

El problema de Turnitin es que se trata de una herramienta automática que no discrimina de manera racional, por lo que, si tu trabajo incluye un artículo de una ley, que, evidentemente, no se puede modificar ni cambiar la terminología, también aparecerá reflejado como copia sin que ello signifique que el estudiante está plagiando información.

Muchas universidades utilizan ese % de turnitin como límite del plagio admitido (por ejemplo: no se aceptan TFG para su defensa que, tras comprobar el plagio, éste sea superior al 20% del contenido de dicho TFG).

 

¿Cómo evito el plagio?

Si se plagia cuando no se refleja de dónde se está sacando la información… Evitar el plagio es tan sencillo como dejar constancia de dónde se está sacando esa información, lo que se denomina “citar” la fuente.

Dependiendo de la universidad donde se estudie y se realice el TFG, el sistema de citación es uno u otro (APA, MLA, Chicago…). Estos sistemas de citas son guías prácticas que te indican cómo se debe citar la información extraída de manuales, de capítulos de libro, de revistas científicas, de páginas web… En el momento en el que utilizas una idea de un autor en tu trabajo, ya sea de forma literal (y en tal caso deberás ponerlo entre comillas) o parafraseando la información (y entonces no hacen falta comillas), al final de la idea que deseas transmitir debes indicar el autor y el lugar de donde has extraído la idea siguiendo el sistema de citas que te pide tu universidad.

Si sigues al pie de la letra las indicaciones de tu profesor o profesora y citas todas las ideas que no son tuyas, no tendrás problema al realizar y defender tu TFG y podrás olvidarte de tu preocupación por el plagio y las posibles sanciones académicas. Recuerda: plagiar es robar información y todos los autores merecen crédito por sus ideas y su trabajo.

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