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La Unión Europea no posee competencias penales al uso. No tiene competencias legislativas penales para determinar que actos han de ser constitutivos de delitos, con qué pena se han de castigar, y tampoco tiene un sistema judicial que permita imponer sanciones. Las competencias y poderes residen en los Estados miembros.
No obstante, dado el creciente fraude en el presupuesto comunitario, la Unión ha tenido que reaccionar para defenderse de una criminalidad que afectaba a sus objetivos. Esta defensa ha supuesto que una de las pocas áreas de poder que le quedaban a los Estados miembros, su sistema penal, ha ido abriéndose a las influencias de la normativa comunitaria y los intereses defendidos por la Comisión Europea.
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