Fundación Mutualidad y Pérez-Llorca conceden más 150 becas a estudiantes del Máster de Acceso a la Abogacía

Fundación Mutualidad, entidad social del Grupo Mutualidad, ha puesto en marcha una nueva edición de su programa de ayudas para estudiantes del Máster de Acceso a la Abogacía correspondiente al curso 2025/2026. En esta convocatoria se han concedido más de 150 becas valoradas en 2.000 euros cada una, destinadas a facilitar que jóvenes juristas puedan completar su formación habilitante para ejercer la profesión sin que las cargas económicas supongan una barrera.

Las Becas Cátedra se orientan a apoyar a alumnos con un expediente destacado que necesiten respaldo económico para continuar con sus estudios. Además del apoyo financiero, los beneficiarios forman parte de una red que les permite acceder a experiencias prácticas y contactos relevantes para sus primeros pasos profesionales en el sector legal.

En esta edición, el programa ha contado con la participación del despacho Pérez-Llorca, que ha patrocinado dos de las becas concedidas. Su colaboración refuerza la dimensión solidaria de esta iniciativa y su apuesta por el desarrollo del talento jurídico emergente.

Blanca Narváez, directora general de Fundación Mutualidad, ha subrayado que “el apoyo de Pérez-Llorca refleja la importancia de avanzar hacia un ecosistema jurídico más diverso e inclusivo, donde el talento pueda desarrollarse sin limitaciones”.

Por su parte, Constanza Vergara, socia y COO del despacho, ha destacado que “respaldar este programa es clave para acompañar a quienes se preparan para incorporarse a la profesión. Queremos contribuir a que los futuros abogados inicien su carrera con menos obstáculos y con mayores oportunidades”.

Con iniciativas como esta, Fundación Mutualidad sigue consolidándose como un agente de referencia en la promoción del desarrollo profesional en el ámbito del derecho, trabajando junto a entidades y profesionales que comparten el objetivo de fortalecer el sector y generar un impacto positivo en la sociedad.

El programa se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 4 y 10, avanzando en el acceso equitativo a una educación de calidad y en la reducción de desigualdades, para que el acceso a la abogacía no esté determinado por la situación económica de los estudiantes.