¿Cómo logró una simple prenda de tela convertirse en uno de los símbolos más poderosos de la justicia?

En un mundo jurídico cada vez más moderno, hay una prenda que se niega a desaparecer: la toga.

El término “toga” proviene del latín tegere, cuyo significado es “cubrir” o “proteger”. Su origen se remonta a la antigua Roma, alrededor del siglo II a.C., donde era usada por los civiles romanos como una prenda distintiva para identificar su rango social y su ciudadanía. Las personas autorizadas para usarla eran únicamente los ciudadanos libres y, además, al alcanzar la mayoría de edad, los jóvenes varones empezaban a llevar la “toga virilis”. Esta toga blanca reflejaba su paso de la infancia a la adolescencia y su entrada en la vida pública y política, lo que les permitía empezar a ejercer cargos en la República o en el Imperio.

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Debido a esta obsesión por encontrar una forma para diferenciarse del resto, los funcionarios utilizaban togas con adornos o detalles específicos para poder distinguir los cargos ejercidos por cada uno. Es por ello que los emperadores lucían la toga purpurea, completamente
púrpura, debido a que este color era el más difícil y costoso de conseguir, y al llevarlo manifestaban su supremacía sobre los demás. A medida que fueron pasando los años, esta prenda se hizo más pesada y aparatosa, lo que provocó que acabara utilizándose solo en ceremonias.

Poco a poco, las prácticas legales y las costumbres romanas se introdujeron en la Península Ibérica, manteniéndose el uso de la toga durante los periodos de la Edad Media y el Renacimiento como símbolo de solemnidad. Su consolidación llegó con la secularización del derecho, cuando la prenda dejó de vincularse al ámbito religioso y pasó a expresar la autoridad del Estado. Además de su profundo significado simbólico, la toga cumplía asimismo una función práctica, ya que de esta manera se podía identificar con claridad la posición de los profesionales en el sistema judicial.

En España, la obligatoriedad de la toga para los funcionarios públicos en actos oficiales y judiciales se consolidó durante el reinado de Felipe II (1556-1598). No fue hasta 1870, con la introducción de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuando su uso se volvió obligatorio en las audiencias públicas.

El color negro tan identificativo de las togas de los profesionales del derecho surgió tras un hecho histórico que supuso un antes y después en la vestimenta de la profesión, el fallecimiento de la reina María II de Inglaterra en 1694. Tras su muerte, los jueces ingleses, y después los demás, adoptaron este color como símbolo de luto, manteniéndose esta práctica en el tiempo y volviéndose un símbolo de respeto por la justicia, autoridad, solemnidad y formalidad de las instituciones.

El uso de este color en las togas y el empleo de birretes lo institucionalizó el Tribunal Supremo en España en 1814, momento en que se oficializó el negro como símbolo de respeto hacia las funciones de la Administración de Justicia. No fue hasta 1835 cuando Isabel II ordenó abandonar el traje de golilla y se estableció el modo de vestir que conocemos hoy en día.

En este contexto, la apariencia se convierte en un elemento que los poderes públicos asocian directamente con el respeto institucional. Por ello, la toga no es solo un recordatorio visual sobre el rol que desempeñan los operadores jurídicos, sino una forma de transmitir al ciudadano que se encuentra ante un procedimiento regulado, serio y sometido a reglas que garantizan su derecho a la tutela judicial efectiva.

De la misma manera, cabe destacar que las togas en el ámbito judicial no son iguales, cada una tiene detalles que indican el rol de quien la lleva. Por un lado, los jueces se reconocen por las puntillas blancas en las mangas y los escudos plateados, mientras que los magistrados lucen puñetas y escudos dorados. Los fiscales llevan su escudo con identificación nominativa, y en los escudos de los Letrados de la Administración de Justicia se recoge “Fe pública judicial”. Por otro lado, los abogados y procuradores visten togas negras sin distintivos, aunque pueden añadir la insignia de su colegio.

Así, lejos de ser un accesorio, la toga funciona como un dispositivo de comunicación no verbal que ordena el espacio judicial y refuerza la percepción de imparcialidad.

La toga actúa como un gran igualador borrando diferencias de estilo, de moda o incluso de poder económico, posicionando a todos los profesionales del derecho “al mismo nivel”. En otras palabras, evita que lo que llevas puesto, o lo que puedes permitirte llevar, influya en cómo te percibe el tribunal. Es una forma sencilla de garantizar que todos juegan con las mismas reglas y que nada ajeno al caso afecta al juicio.

Sin embargo, la toga no solo iguala, también recuerda a quienes la llevan que están participando en algo serio. En cuanto un abogado o un juez se la coloca su actitud cambia: el tono se vuelve más cuidadoso, los gestos más contenidos y la forma de expresarse más precisa, algo que nos recuerda que lo que van a hacer ya no lo hacen como individuos, sino como representantes de una función pública.

En definitiva, la toga no es una prenda del pasado que nos empeñamos en conservar, sino un símbolo que sigue teniendo sentido en plena era digital. Cada vez que un profesional del derecho se la pone, conecta con siglos de historia, pero también con un compromiso muy actual: defender la igualdad, la imparcialidad y la dignidad en el proceso judicial.

Por tanto, la toga es mucho más que tela, es identidad, es función y es el hilo que mantiene unido el enorme relato de la justicia a lo largo del tiempo.