Vuelta a las aulas de Derecho ¿vuelta a la normalidad?

El pasado curso académico, sin vacunas y con la COVID-19 expandiéndose sin límites, se caracterizó por sus innumerables complicaciones técnicas. Las universidades que optaron por la docencia online para proteger a su alumnado se toparon con problemas técnicos relacionados con la sobrecarga de las aplicaciones virtuales de videoconferencia y de evaluación, con fallos de conexión en los momentos más inoportunos, con la necesidad de adaptación rápida de profesorado poco acostumbrado a las nuevas tecnologías… Por su parte, las universidades que optaron por la presencialidad o la semipresencialidad se las tuvieron que ver con las dificultades de respetar las distancias de seguridad y la escasez de espacios físicos en la Facultad, con la posibilidad de que algún alumno, alumna o profesor se contagiase y todo el grupo tuviese que hacer cuarentena, con dar y recibir clases con la mascarilla puesta… No ha sido un curso fácil para nadie.

A punto de comenzar el nuevo curso académico 2021-2022, y con el 70% de población vacunada en España, es el momento de plantearse qué va a pasar en los próximos meses, dado que, a pesar de las altas tasas de vacunación, la incidencia acumulada a 14 días sigue en niveles muy elevados, considerados de riesgo muy alto.

En Andalucía, el Consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Rogelio Velasco, ha asegurado que las clases en las universidades andaluzas serán presenciales. En el mismo sentido se han pronunciado las comunidades autónomas de Galicia y País Vasco.

No obstante, otras comunidades autónomas tienen aún dudas. Tras la publicación de las recomendaciones de cara al inicio de curso 2021/2022 el pasado 16 de julio, muchas universidades han declarado que no poseen el espacio físico suficiente para garantizar entre 1 y 1,5 metros de distancia entre los alumnos en el aula, por lo que tendrán que optar por repartir a los alumnos en diferentes aulas o dar a parte del grupo la clase en remoto. Otras Universidades se han decantado por el sistema de elección individual (el estudiante solicita acudir presencialmente al aula hasta completarse el aforo). Por último, las universidades más pudientes ofrecen un 100% de presencialidad con la posibilidad de que los estudiantes se realicen pruebas de detección del COVID-19 gratuitas.

De nuevo, nos encontramos con un curso académico caracterizado por sus altas dosis de improvisación y por la disparidad de protocolos adoptados por las comunidades autónomas, dado que las recomendaciones nacionales únicamente son eso: recomendaciones.

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Lo que sí parece cierto es que, a pesar de la llegada de las vacunas y de las altas tasas de inmunización, el próximo curso académico no nos vamos a librar de las mascarillas y de las distancias de seguridad (al contrario de lo que está ocurriendo en otros países de Europa como Francia o Reino Unido, en los que paulatinamente se están eliminando medidas como la relativa a la distancia de seguridad).

Poder acudir a las aulas y socializar con los compañeros es algo que las nuevas tecnologías, por mucho que avancen, no pueden garantizar. Además, tiene repercusiones muy positivas en la salud mental y el nivel de desempeño de los estudiantes. En el caso concreto de los estudiantes de Derecho o de Másteres especializados en alguna rama del Derecho, socializar no sirve únicamente para hacer amigos, sino también para empezar a tejer una red de contactos profesionales, tanto con compañeros como con profesores, por lo que la presencialidad en el aula es imperativa.

Con todo, esperamos que la incidencia remita, que España consiga relajar las medidas, y que los protocolos de medidas para la vuelta a las aulas sean diseñados de manera flexible para poder permitir una presencialidad plena si se dan las condiciones.