Uno de los requisitos fundamentales que debe cumplir todo abogado y que sobre todo debe tener en cuenta un abogado que vaya a montar un despacho es disponer de un seguro de responsabilidad que cubra todos aquellos incidentes que se produzcan por riesgos cibernéticos como pueden ser: fugas de información, phishing, spoofing o suplantación de identidad, spyware, virus, pharming etc. Esto es esencial si se quiere que el impacto económico que haya sufrido nuestro despacho no nos pueda seguir condicionando para que el mismo siga funcionando.

Y es que los abogados son susceptibles de tener responsabilidad en los incidentes que acabamos de mencionar. Muchos de ellos pueden ser causados de forma deliberada, pero otros son fruto de los errores y de la falta de diligencia por parte de los abogados. En este caso, el Código Deontológico de la Abogacía Española establece en su artículo 21 que el abogado (ya sea de forma individual o colectiva) deberá tener cubierta, con medios propios o con el recomendable aseguramiento, su responsabilidad profesional, en cuantía adecuada a los riesgos que implique. Es por lo que el abogado deberá actuar de tal forma que intente asegurar su despacho de todos los riesgos relativos a la ciberseguridad y hacer todos los esfuerzos que sean razonables para que no se produzca daño alguno o minimizarlo en caso de que ocurra.

De esta forma, podemos hacer referencia a las diferentes modalidades de contrato que debe tener en cuenta un abogado:

Seguro de responsabilidad civil, en el que el asegurador se obliga, dentro de los límites establecidos en la Ley y en el contrato, a cubrir el riesgo del nacimiento a cargo del asegurado de la obligación de indemnizar a un tercero los daños y perjuicios causados por un hecho previsto en el contrato de cuyas consecuencias sea civilmente responsable el asegurado, conforme a

Seguro de equipos informáticos. Aquí la cobertura aseguradora se centra en los daños materiales y en los gastos adicionales que puedan aparecer. En este tipo de seguros la entidad aseguradora se obliga a indemnizar los daños materiales directos sufridos por los bienes asegurados por cualquier causa accidental que no haya sido expresamente excluida. Para la efectividad del seguro se establece como condición necesaria que se mantenga en vigor un contrato de mantenimiento con el fabricante o suministrador de los bienes asegurados por el cual éste se obligue a cuidar y mantener regularmente

Seguro de pérdida de datos. En este tipo de pólizas, aparte de la cobertura del bien asegurado, el asegurador se obliga a indemnizar al asegurado los daños sufridos a consecuencia de muchas de las causas técnicas y acciones delictivas que mencionamos anteriormente, como pueden ser el phising, pharming, hacking y uso de virus y malware, pero además este seguro cubre el uso no autorizado a esos datos, el error humano, los fallos en el servicio de electricidad, fallo del equipo informático y descarga electroestática. Este seguro hace frente a los costes y gastos de la recuperación de esos datos y la pérdida de beneficios a consecuencia del daño relacionado con datos informáticos, procesamiento de datos e infraestructura.

Seguro de consultoría informática, que cubre las reclamaciones formuladas contra el asegurado que resulten de actos profesionales incorrectos cometidos en el desempeño de su actividad profesional como pueden ser actos u omisiones negligentes o incumplimiento no intencionado de las obligaciones legales en materia de calidad, seguridad e idoneidad o incumplimiento no intencionado de la obligación contractual de actuar con la diligencia y pericia

Seguro de protección de datos, donde el asegurador se obliga a pagar las cantidades derivadas del ejercicio de la acción directa en materia de protección de datos o derivadas del error profesional de protección de datos en el curso de una actividad empresarial o profesional del asegurado. También incluye los gastos legales y profesionales así como otros gastos derivados de la defensa, peritaje, investigación y representación en el procedimiento. No obstante, esta cobertura ampara siempre y cuando el asegurado haya cumplido con la legislación en materia de protección de datos y declare que ha tomado todas las medidas y recomendaciones derivadas de esta

Seguro de asistencia informática, en el que asegurador cubre tanto la mano de obra como el desplazamiento en la asistencia. Además, cubre la recuperación de datos siempre que fuera posible y cuando haya tenido lugar por causas físicas (inundaciones, incendios, fallos eléctricos…) y lógicas (errores humanos, virus…). En este tipo de seguro la compañía no responde ni de la información contenida en los soportes ni por la imposibilidad de recuperación de la misma, de manera que no son compensables ni indemnizables de ninguna manera la no recuperación de la información, un factor a tener muy en cuenta a la hora de contratar este

Seguro de redes sociales en relación con los blogs, foros, páginas webs o redes sociales propiamente dichas como Twitter, Facebook etc. Este seguro centra su cobertura en la responsabilidad civil por daños y perjuicios del asegurado y en los gastos de defensa por las reclamaciones basadas en descrédito, violación de secretos, difamación, falta de reputación o fama, transmisión negligente de virus informáticos o malware, violación del derecho de propiedad intelectual e industrial etc.

La Junta directiva de Alter Mutua de los Abogados ha nombrado a David Gabarró como nuevo director general. Substituye a Josep-Fermí Pinyol quien, tras dirigir la entidad durante 37 años, asume el cargo de asesor de la Junta directiva.

Gabarró, que en los últimos 5 años venía ocupando el cargo de director general adjunto, es ingeniero en informática, máster en administración y dirección de empresas y cuenta con más de 15 años de experiencia en cargos directivos en diferentes instituciones de la abogacía.

Su misión se centrará en ejecutar el Plan estratégico aprobado por la Junta directiva, mantener la solvencia de la entidad y la calidad del servicio al mutualista, y continuar con el proceso de transformación digital en el que está inmersa la entidad.

Artículo elaborado por Melania Arjona

En las siguientes líneas se hablará sobre la cuestión más preocupante dentro de la distribución de sueldos, la brecha o diferencia salarial entre hombres y mujeres en el sector jurídico, y concretamente, sobre cómo afecta ésta a las abogadas.

Según el informe de la Comisión Europea sobre la brecha salarial entre géneros en España, la brecha salarial es la diferencia entre los ingresos anuales medios de las mujeres y de los hombres, y en nuestro país era del 14,9% en el año 2.017.

La brecha supone a las mujeres un menor salario por hora, menos horas de trabajo remunerado y tasas de empleo inferiores (por el cuidado de los hijos, por ejemplo). Por tanto, más que una diferencia de sueldos, la brecha salarial es una forma de discriminación directa hacia la mujer.

El estudio “La igualdad de género en la abogacía española: la evolución actual de las abogadas y los abogados”, realizado por Metroscopia para el Consejo General de la Abogacía en el año 2017, recoge que las mujeres abogadas cuentan con unos ingresos mensuales 450,00 euros inferiores a los de sus compañeros abogados, es decir, mientras que un abogado de 45 años ingresaría de medía 2.250,00 euros, el sueldo de una abogada de su misma edad sería de 1.800,00 euros.

Llama la atención, por tanto, que el 61% de los abogados crean que sus retribuciones son iguales que las de sus compañeras abogadas, mientras que éstas piensan que son ellos los que gozan de mayores ingresos.

De otro lado, el estudio sitúa la mediana de sueldos en la abogacía en 1.750,00 euros mensuales. El 63% de las mujeres perciben una retribución por debajo de esta cifra, mientras que, en los abogados, esta supone el 48%, menos de la mitad.

El 10% de los hombres que ejercen la abogacía tienen ingresos superiores a los 5.000,00 euros mensuales, y el 8% de ellos perciben menos de 1.000,00 euros mensuales. Esto resulta alarmante si se compara con las tasas en mujeres: solo el 2% de las abogadas ingresan más de 5.000,00 euros mensuales, y el 17% de ellas obtienen menos de 1000,00 euros mensuales.

Del estudio se concluye que las abogadas perciben un sueldo bastante inferior al de sus compañeros abogados. Concretamente la brecha salarial entre géneros en la profesión suponía el 20% en 2.017. Pero ¿seguimos igual en 2019?

Sobre este asunto se han pronunciado recientemente grandes profesionales del Derecho, como Natalia Martos, abogada ejerciente y quien afirma que la brecha salarial existe por herencia, dado que tradicionalmente han sido los hombres los que han ocupado los puestos de poder en el sector legal.

Por su parte, María Emilia Adán, Decana-Presidenta del Colegio de Registradores de España, afirma que, si bien la evolución es constante, es más lenta de lo deseable.

En definitiva, las abogadas y los abogados coincidimos en que la igualdad entre hombres y mujeres debe de ser uno de los objetivos primordiales para la abogacía española, por lo que las instituciones y los Colegios de Abogados deben propiciar y primar la igualdad de género en nuestra labor, adoptando nuevas medidas a tal fin, ya que las adoptadas hasta el momento han resultado insuficientes para acabar con las diferencias.