En países como Francia y Alemania, ya es necesario poseer un certificado de vacunación o una prueba viral negativa para acceder al interior de locales de restauración. Galicia y Canarias se lanzaron hace algunos días a la piscina y anunciaron que comenzarían a pedir el certificado de vacunación frente a la COVID para entrar en bares y restaurantes. No obstante, tras la queja presentada por Hostelería Unida Tenerife, el Tribunal Superior de Justicia canario decidió suspender cautelarmente la aplicación de esta medida por tener serias dudas en relación a la protección de datos. En estos momentos, otras comunidades autónomas como Valencia o Cantabria también están valorando esta posibilidad, pero prefieren someterlo a un estudio legal previo para evitar conflictos legales como le ha ocurrido a Canarias.

¿Qué es el certificado COVID Digital UE?

El certificado COVID digital de la UE es un documento electrónico que todos los ciudadanos europeos pueden descargarse en sus teléfonos móviles que contiene un código QR en el que se indica si la persona está vacunada (con el tipo de vacuna, el número de dosis, la fecha de las dosis, etc.), si ha pasado la enfermedad o si posee pruebas virales negativas. Es un documento gratuito que todas las autoridades nacionales de los Estados Miembros de la UE deben proveer a sus ciudadanos y que contiene la información en la lengua nativa y en inglés, por lo que es perfectamente válido para viajar por Europa. No obstante, la libre circulación no está sujeta a la obligatoriedad de vacunarse en la Unión.

Aumento de casos, endurecimiento de medidas

A pesar de la mejoría en meses anteriores, con el inicio del verano y el aumento de la movilidad entre regiones y países, la incidencia del virus ha aumentado, por lo que muchos países han vuelto a endurecer sus medidas restrictivas para luchar contra la COVID-19. Como consecuencia, algunos países como Francia han decidido imponer la obligatoriedad de enseñar el certificado digital de vacunación para poder entrar al interior de bares, restaurantes, cines y teatros. Esto ha originado en este país multitudinarias protestas de afirman que se trata del “pase de la vergüenza” que lo único que hace es recortar libertades fundamentales.

En España, siguiendo la dinámica europea, algunas comunidades autónomas han decidido seguir la misma senda y han implementado regulaciones para el certificado digital COVID obligatorio para acceder al interior de locales de restauración. Es el caso de Canarias o Galicia, aunque en Canarias esta medida se ha suspendido cautelarmente por dudas con respecto a su legalidad.

Certificado COVID y Protección de Datos

Desde el año 2018, la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, protege nuestros datos de carácter personal como derecho fundamental. La Agencia Española de Protección de Datos es la encargada de velar por el cumplimiento de esta norma.

Según el art. 9 de la LO 3/2018, los datos relativos a la salud de las personas están considerados datos pertenecientes a una categoría especial, por lo que su protección es mucho mayor. Todo lo relativo a estos datos aparece desarrollado en la Disposición adicional decimoséptima.

Muchos expertos en protección de datos y la propia Agencia Española de Protección de Datos ya han dado la voz de alarma: tener que enseñar un documento que contiene información especialmente sensible a una persona sin identificar propiamente que no va a poder garantizarte el correcto uso y tratamiento de esos datos puede vulnerar lo dispuesto en esta Ley Orgánica. En palabras de la propia AEPD, en su nota de prensa: “La utilización para estos fines de certificados acreditativos de la situación sanitaria en relación con la COVID-19 implica la necesidad de contar con una base legal apropiada que se ajuste a los principios de eficacia, necesidad y proporcionalidad, atendiendo a la existencia de otras medidas de protección que puedan resultar menos invasivas, evitando efectos discriminatorios y estableciendo las garantías adecuadas. En ese sentido, debe tenerse en cuenta que la vacunación no es obligatoria, que hay colectivos que no pueden recibir la vacuna por razones médicas o de otro tipo y que, en último extremo, el proceso de vacunación se basa en unos criterios de priorización que suponen que parte de la población aún no haya podido acceder a la vacuna”.

En el actual escenario jurídico no podemos negar la relevancia que guarda la jurisprudencia para argumentar nuestros escritos y/o actividades, dado que es la forma de conocer los criterios de interpretación y aplicación del ordenamiento por parte de los tribunales estatales, europeos y/o internacionales.

En términos estrictos, tal y como indican los arts. 123.1 de la CE y el 1.6 del CC, el Tribunal Supremo es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes y es, a quien tradicionalmente le compete formar jurisprudencia. Por lo que, aun teniendo en cuenta algún pronunciamiento contrario de nuestro Alto Tribunal (STS de 26 de septiembre de 2000) los TSJ de las CCAA no cabría atribuirles tal naturaleza, aunque a la práctica se haga lo contrario.

Hecha esta breve introducción lo que aquí nos interesa tratar es conocer que motores de búsqueda jurisprudenciales y doctrinales existentes en internet de forma totalmente gratuita, sin suscripciones ni registros adicionales, es decir, simples buscadores de estos textos judiciales.

Para este artículo vamos a tratar 4 grandes herramientas que pueden ayudarnos, tanto a estudiantes como a profesionales de la abogacía. Así que vamos a profundizar en cada una de ellas:

1.- IURIS DIGITAL (Biblioteca Digital de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación): La colección de esta biblioteca se encuentra especializada en derecho y ciencias análogas, donde el contenido refleja la historia del derecho a nivel estatal y la evolución que ha sufrido el mismo a lo largo de los años. Asimismo, también encontraremos historias sobre instituciones judiciales y de la propia administración de justicia.

A la práctica encontramos un menú en la parte superior izquierda que nos permite centrar nuestra búsqueda sobre el tema en el que queramos ahondar y/o investigar. La biblioteca es muy útil sobre todo para estudiantes de derecho, dado que podemos encontrar libros realmente antiguos, los cuales se encuentran escaneados y que podemos consultar para contrastar como eran los orígenes de nuestro ordenamiento.

Finalmente, también nos ofrece una información muy técnica a través de la “ficha” de cada libro que busquemos para el caso que quisiéramos intentar encontrarlo físicamente, por lo que toda la información que aporta es fundamental.

En definitiva, es una plataforma que creemos que va dirigida a un público mayoritariamente estudiantil del derecho y ciencias sociales relacionadas.

2.- CENDOJ (Centro de Documentación Judicial): Este buscador -altamente conocido entre los integrantes del entorno judicial- es el más útil, rápido y llevadero para encontrar jurisprudencia para nuestros casos y estudios, siempre y cuando sepamos usar las herramientas adecuadas para su uso.

El motor de búsqueda dedica en su página principal un apartado para rellenar las distintas casillas y así dar con las Sentencias o Autos que sean de nuestro interés. Es necesario conocer que, si desconocemos los datos básicos de la sentencia, también podemos hacerlo mediante palabras o conceptos clave.

En el caso de introducir más de un término, será adecuado hacerlo entre comillas, de lo contrario únicamente nos buscará las palabras sueltas o de forma dispersa.

¡¡NOVEDAD!! Si queremos estar al día de alguna materia en concreto, dicha plataforma nos ofrece la opción de registrarnos para recibir cada domingo una ALERTA de las últimas resoluciones recaídas en los tribunales y/o juzgados que hallamos seleccionado sobre la materia jurídica escogida. Realmente, hemos testado esta función y hemos obtenido unos resultados viables y favorables para su uso.

A su vez, nos brinda un apartado de “Actualidad” donde nos adjuntan las resoluciones más importantes y/o recientes de los distintos ordenamientos jurisdiccionales.

3.- Buscador de jurisprudencia del Tribunal Constitucional: Este buscador es muy parecido al que acabamos de comentar, con la diferencia que única y exclusivamente hallaremos sentencias del TC, por lo que si nuestra intención o finalidad es encontrar jurisprudencia constitucional este será nuestro motor adecuado para tal fin.

En este caso, no encontraremos la función novedosa de alertas, pero si que nos muestra un apartado de búsqueda avanzada para especificar o concretar mucho más nuestra tarea, en caso de disponer de los datos necesarios.

Por último, podremos dar con dos apartados denominados “Tesauro de voces” y “Ontología semántica” los cuales nos proporcionan otras informaciones como conceptos y términos jurídicos que pueden facilitarnos nuestra labor de búsqueda, así como el estudio de nuestros casos.

4.- EUR-Lex (Acceso a la legislación de la Unión Europea): Por su propio nombre sabemos de lo que hablamos y sí, estamos ante el buscador de jurisprudencia y legislación de la Unión Europea.

A priori puede parecernos complicado encontrar la información y las resoluciones que puedan ayudarnos, pero nada más entrar en su portal web encontramos un apartado bajo el título de “¿Cómo buscar en esta sección?” que explica adecuadamente cómo debemos proceder para realizar una búsqueda correcta y asequible.

Generalmente, este motor nos subministra sentencias y resoluciones europeas de distinta índole, opiniones y puntos de vista de los abogados generales, así como dictámenes del Tribunal de Justicia sobre proyectos de acuerdos entre la UE y terceros países u organizaciones internacionales.

Estas tres últimas herramientas que hemos observado pueden ser usadas indistintamente por estudiantes como abogados u otros profesionales del sector jurídico.

Concluyendo, creemos que estas 4 herramientas gratuitas son las más destacables e importantes para buscar y encontrar jurisprudencia que permita profundizar en los argumentos que queramos hacer, ya sea en nuestros ejercicios en la facultad o bien en nuestros escritos judiciales. Además, no necesitan ningún registro previo para su uso, al mismo tiempo que presentan una fácil accesibilidad y manejos de las mismas.

Hace apenas unas semanas, el Confidencial adelantaba la noticia de que Uría Menéndez iba a aumentar de manera generalizada los sueldos de toda su plantilla, incluidos todos los abogados júnior, que son quienes más sufren la precarización laboral. Distintos medios auguran un efecto dominó en los principales competidores de esta firma: Cuatrecasas y Garrigues. En su conjunto constituyen los 3 despachos que más facturan en España, y, aunque cada uno tiene sus propias características (por ejemplo, mientras Garrigues cuenta con más de 2.000 empleados, Cuatrecasas con 1.045 y Uría con algo más de 850), comparten una dinámica de trabajo y de organización similares, y según “Best Lawyers”, cuentan con las mejores plantillas de abogados del país. En recientes estudios se demuestra que la brecha salarial entre todos ellos, aunque existente (Uría Menéndez es el que más retribuyó de media a sus abogados en el pasado año 2020), no es muy significativa, pues hablamos de unos 1000€ brutos al año, aproximadamente.

En entradas anteriores hemos hablado sobre los altos niveles de exigencia que sobrellevan los abogados júnior cuando deciden incorporarse en las plantillas de estas grandes firmas: largas jornadas laborales, horas extra no remuneradas, muchas tareas asignadas, sueldos poco acordes con el esfuerzo desempeñado… En abril, un grupo de jóvenes auditores de Ernest&Young elevó una queja a la dirección relacionada con estas duras condiciones laborales y muchos otros jóvenes de firmas diferentes se han atrevido también a denunciar su situación. En este contexto es inevitable preguntarse: ¿constituye esta reciente subida salarial a una respuesta a la situación agotadora de los jóvenes juristas? Si bien no tenemos una respuesta certera para esta pregunta, lo que hemos hecho desde Todo Juristas es preguntar a tres jóvenes abogados de estas y otras grandes firmas, cuyos nombres serán omitidos por cuestiones de seguridad y anonimato, si creen que esta subida en sus sueldos soluciona o, al menos, mejora su situación y qué otras medidas propondrían para poner fin a la precarización laboral que sufren.

X afirma que, si bien toda subida de sueldo es bienvenida para realmente remunerar y dar reconocimiento al esfuerzo invertido por los jóvenes, él preferiría seguir cobrando lo mismo, pero trabajar menos horas al día. En su caso, tiene miedo de que esta subida de salarios sirva de excusa para incrementar su volumen de trabajo. Nos cuenta que, aunque está contento en su trabajo y no se plantea renunciar a la oportunidad de trabajar en un gran despacho, en determinadas épocas del año donde el volumen de trabajo es mayor, llega a casa agotado y preferiría que esta situación no se diese.

Y, por su parte, comparte su entusiasmo con X y no se plante dejar la firma a pesar de las duras condiciones. Nos cuenta que, al echar su CV en dicha firma, sabía de antemano lo que le esperaba si la cogían y aun así decidió echar su candidatura. Esta persona fue contratada y está contenta porque ha encontrado compañeros igual de comprometidos. No obstante, lo que ya sabía de antemano se ha cumplido y se enfrenta rutinariamente a largas horas de trabajo. En su caso, nos cuenta que sacrificaría esa subida de sueldo por más días de vacaciones en los que poder descansar.

Z, al contrario que los otros jóvenes abogados, sí se ha planteado dejar la firma al encontrarse con que otros amigos y amigas que trabajan en firmas más pequeñas no están sometidos a altos niveles de estrés. Nos cuenta que, si todavía no lo ha hecho, es por el sueldo que cobra y el prestigio que da estar contratado en una de estas firmas, principales razones para trabajar pese a las condiciones laborales. La subida de sueldo le hace dudar más todavía acerca de quedarse o no en su actual puesto de trabajo. Afirma que, con todo el volumen de trabajo que tienen estas grandes empresas, lo ideal sería contratar a más jóvenes para repartir el volumen de trabajo.