La Abogacía Probono

La vocación de los profesionales de la abogacía es palpable en algunos de los instrumentos previstos por nuestro ordenamiento jurídico. Uno de estos instrumentos es la abogacía pro bono, o en interés público. Los abogados, en el ejercicio de su profesión y ante una causa en la que una de las partes no tiene recursos suficientes para costearse una defensa letrada, pueden actuar pro bono.

1.¿Cuál es la diferencia entre la justicia pro bono y la justicia gratuita?

Tal y como os contábamos en entradas anteriores, la justicia gratuita, regulada en la Ley 1/1996 de 10 de enero (LAJG), tiene por finalidad otorgar asistencia jurídica gratuita a los ciudadanos que, en un determinado litigio, no pueden costearse la defensa letrada por carecer de medios económicos. En este caso, al abogado del turno de oficio le retribuye su servicio el Estado, mediando, por tanto, una contribución de carácter compensatorio.

Sin embargo, el caso de la abogacía pro bono es bien distinto, pues el abogado ejerce la defensa de manera altruista, voluntaria y no retribuida, ni por una administración pública, ni por un organismo privado. Como mucho, en caso de ganar el juicio, puede percibir las costas de la parte que pierde el litigio.

También el ámbito subjetivo difiere en uno y otro caso, pues el abogado del turno de oficio defiende la causa de los ciudadanos sin medios económicos y el abogado pro bono defiende a personas, grupos o entidades, como pudiesen serlo las ONG, que persigan una causa de “interés público” como las relacionadas con la protección del medio ambiente, la protección de los derechos humanos, la defensa de los consumidores, etc. En definitiva, el abogado que actúa pro bono busca defender los valores intrínsecos a todo Estado de Derecho que, en muchas ocasiones, quedan desamparados por disfunciones legislativas o burocráticas.

Por último, no hay que interpretar la abogacía pro bono como una competencia o una alternativa a la asistencia jurídica gratuita, sino como un complemento a ésta.

2.¿Quién puede actuar como abogado pro bono?

Cualquier abogado colegiado y en activo puede defender causas pro bono, esto es, de manera desinteresada.

Tener Comités Pro Bono es muy habitual en grandes despachos de abogados por dos razones: porque así lo fijan sus códigos de responsabilidad empresarial y porque a través de estas causas pueden formar a sus jóvenes abogados para adquirir competencias y que, poco a poco, consigan desenvolverse en juicios con mayores implicaciones.

En España, es el Consejo General de la Abogacía Española quien actualiza el registro de los abogados o despachos de abogados que actúan pro bono.

Además, existe la denominada Fundación Pro Bono España, cuya misión consiste en “coordinar y promover el trabajo y cultura pro bono con el fin de fortalecer el tercer sector a través del derecho como herramienta transformadora y multiplicadora del impacto social”. Son lo que en otros países se denomina una clearinghouse, es decir, un centro de coordinación que actúa como intermediario entre organizaciones sociales que necesitan asistencia legal y abogados con capacidad de ayudar.

3. ¿Es realmente desinteresada la actuación pro bono?

Aquí entramos en un debate complicado, pues si bien la teoría nos dice que la abogacía pro bono es totalmente desinteresada y, por tanto no remunerada en términos económicos, ¿reciben estos abogados otro tipo de contraprestación aunque no sea puramente económica? Muchos despachos de abogados y abogados independientes publicitan su actividad pro bono, así como los resultados de dicha actividad, obteniendo, de esta manera, un reconocimiento social y un aumento de prestigio que, en muchas ocasiones, compensa más que la propia remuneración que el abogado pudiese obtener. Es cierto que se están defendiendo causas muy legítimas y otorgando asistencia jurídica a personas o colectivos que, de otro modo, carecerían de ella, pero no podemos olvidar el componente publicitario que llevan aparejada toda esta serie de actuaciones.

Con todo, la abogacía pro bono o el pro bono legal no deja de ser una herramienta útil para proteger el Estado de Derecho y los valores democráticos por los que cualquier Estado debe regirse.