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“Los Abogados no tienen vida” Conciliación con la vida personal

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El pasado 9 de junio se hacía eco la noticia de que el Senado aprobaba suspender juicios con ocasión de permisos de maternidad o paternidad de los abogados y abogadas. Hasta ahora, esta suspensión sólo estaba prevista en los juicios civiles, pero no en el resto, por lo que, si dicha propuesta se aprueba de manera definitiva, habrá que modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para garantizar la igualdad efectiva y mejorar la situación de los abogados que trabajan por cuenta propia, y, en definitiva, avanzar en la conciliación familiar en el mundo de la abogacía. No obstante, la conciliación de la vida laboral y familiar es una de las grandes asignaturas pendientes en este mundo.

 

Ejercicio de la abogacía: una carrera de obstáculos.

Por todos es sabido que el ejercicio de la abogacía en España, y más si es por cuenta propia o en un pequeño despacho, es una salida profesional muy exigente y competitiva, en la que los letrados se encuentran sometidos de manera constante a numerosos casos simultáneos, plazos de tiempo muy ajustados, trámites burocráticos con la Administración de Justicia y, por tanto, altos niveles de estrés y ansiedad. Promocionar dentro de esta profesión y lograr un número significante de clientes y beneficios implica trabajar muchas horas durante todos los días de la semana, incluidos sábados, domingos y festivos. Por este motivo, esta profesión estuvo reservada durante muchos años a varones, aunque, con el devenir de la sociedad y la paulatina incorporación de la mujer a profesiones liberales, el escenario ha cambiado y muchas mujeres ejercen a día de hoy la abogacía, a sabiendas de las dificultades que ello conlleva para poder desarrollar una vida familiar plena.

En la mencionada votación del Senado del pasado 9 de junio, la portavoz del PSOE ha advertido de que aún “hay un techo de cristal en el ejercicio de la abogacía para las mujeres, que tienen más obstáculos al decidir su maternidad ya que afecta a su proyección profesional, una desigualdad por razón de sexo que sigue siendo una realidad”. Muchas de las mujeres que trabajan en el mundo de la abogacía deciden no tener hijos para poder avanzar profesionalmente, y, las que lo hacen, suelen terminar solicitando reducciones de jornada.

Hacia una verdadera conciliación de la vida familiar y laboral en la abogacía.

La noticia que mencionábamos al inicio de esta entrada es un paso hacia delante en la conciliación de la vida laboral y familiar de los abogados, ya que permitirá que las abogadas o abogados que disfruten de permisos de maternidad o paternidad no vean éstos suspendidos con ocasión de un juicio fechado desde hace tiempo. No obstante, esta medida no es más que la punta del iceberg. Todavía hacen falta muchas más medidas para materializar la corresponsabilidad en el núcleo familiar sin que ello perjudique la situación de un abogado dentro de un despacho, como que sea el propio despacho de abogados quien incentive que los hombres soliciten el permiso de paternidad, que la flexibilidad horaria se transforme en una realidad, que el Estado conceda más ayudas a los abogados autónomos que deciden formar una familia, o que se incremente la inspección laboral para que se hagan cumplir las horas fijadas por los contratos. Asimismo, otras propuestas abogan por incentivar la conclusión de convenios entre despachos y guarderías, aumentar la cantidad de días inhábiles, facilitar el teletrabajo sin abusos o conceder ayudas para la contratación de cuidadores o cuidadoras.

Con todo, cabe afirmar que paulatinamente se van dando los pasos en la dirección correcta para que, el hecho de querer ser padre o madre no afecte a tu proyección profesional como abogado o abogada dentro de un despacho o por cuenta propia. Sin embargo, hay que profundizar más en otras posibles medidas e incentivar la conciliación de la vida laboral y familiar en el mundo de la abogacía.

 

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¿Puedo ejercer la Abogacía sin estar colegiado?

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Siempre que se habla de abogados y abogadas, nos imaginamos su labor circunscrita a un colegio profesional en una determinada localidad. En qué colegios se paga más cuota y en cuáles menos o cuántos abogados están colegiados en una determinada institución suelen ser temas recurrentes cuando se habla de la obligatoriedad de la colegiación para los abogados y abogadas que deseen ejercer. No obstante, el pasado 14 de junio se hacía eco la noticia de que el Partido Nacionalista Vasco ha propuesto enmendar la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales para que los funcionarios y empleados públicos graduados o licenciados en Derecho puedan ejercer la abogacía sin necesidad de tener que realizar el Máster de Acceso a la Abogacía, el correspondiente Examen de Acceso ni colegiarse de manera formal. Concretamente, se propone que “el empleado público que en su condición de licenciado en Derecho acceda o haya accedido a un cuerpo o escala del grupo A en el que desempeñe o haya desempeñado funciones de asistencia letrada o asesoramiento jurídico para cualquier Administración pública estará exceptuado de obtener el título de abogado o el título de procurador de los tribunales”. El PNV también solicita que “se exceptúen de la colegiación a quienes hayan ingresado en el Cuerpo de Letrados de las Cortes Generales, en alguno de los cuerpos de letrados de las asambleas legislativas autonómicas, en la Carrera Judicial, en la Carrera Fiscal, en el Cuerpo de Secretarios Judiciales, o, incluso, en alguno de los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas en su condición de licenciados en Derecho”. Al leer esta noticia es inevitable preguntarnos: ¿cuáles son las circunstancias que excluyen la obligación de colegiarse? ¿es realmente obligatoria esta colegiación?

 

Obligatoriedad de la colegiación

La Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley 1694/1985) es clara: “la colegiación de los Abogados, Procuradores y Graduados Sociales será obligatoria para actuar ante los Juzgados y Tribunales en los términos previstos en esta Ley y por la legislación general sobre colegios profesionales”. Esta misma obligación se reafirma de manera directa e indirecta en otras Leyes como la Ley de Colegios Profesionales de 1974 o Ley sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales de 2006. Asimismo, el Estatuto General de la Abogacía Española del año 2001, norma reglamentaria interpretativa y desarrolladora de las legales, exige en diversos preceptos la colegiación en un Colegio de Abogados para el ejercicio de la abogacía.

Es decir, para poder ejercer como abogado o abogada en España ante los juzgados y tribunales, es obligatorio colegiarse. Como afirma Tomás González Cueto, “el deber de colegiación resulta estructuralmente necesario para una profesión como la de abogado, pues la no incorporación al Colegio implicaría una absoluta falta de control deontológico y disciplinario, una inacción frente al desvío en el ejercicio profesional”.

 

Consecuencias del ejercicio de la abogacía sin colegiarse

En cuanto a las consecuencias penales, ejercer la abogacía sin estar colegiado no es un delito tipificado en el Código Penal. Ni siquiera supone una falta leve, sino una mera cuestión de orden disciplinario susceptible de ser castigada en otros órdenes como el mercantil (la actuación del titulado no colegiado como abogado podrá ser perseguida teniendo en cuenta la Ley de Competencia Desleal u otras normas protectoras de los consumidores).

Por lo que respecta a las consecuencias procesales, el artículo 238 de la Ley Orgánica del Poder Judicial prevé que «los actos procesales serán nulos de pleno derecho (…) cuando se realicen sin intervención de abogado, en los casos en que la ley la establezca como preceptiva», entendiendo por abogado únicamente aquellos que estén colegiados.

Esto podría hacernos afirmar que “quien no está colegiado en un Colegio de abogados no es abogado”. No obstante, existen algunas excepciones.

 

Excepciones a la colegiación

Una de las excepciones más típicas contempladas en el Estatuto General de la Abogacía Española es la de la autodefensa, pues, según el art. 17.5, “no se necesitará incorporación a un Colegio para la defensa de asuntos propios o de parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad, siempre que el interesado reúna los requisitos establecidos (en el Estatuto)”.

Otra de las excepciones, ya mencionada, es la de los funcionarios de una Administración Pública. La normativa vigente excluye a los funcionarios de la colegiación únicamente cuando ejerzan la asistencia letrada para la Administración Pública a la que sirven. Como hemos mencionado al comienzo, el PNV pretende ampliar el alcance de esta excepción.

La última pregunta que debemos hacernos, entonces, es la siguiente: “¿veremos en el futuro más excepciones a la obligatoriedad de la colegiación?

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Algunas Apps interesantes para juristas

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En un día normal, una persona pasa de media 3 horas pegada al Smartphone actualizando sus redes sociales, contestando mensajes y buscando información. El mundo actual se resume en clics. La sociedad busca acceder y consumir información de manera rápida y sencilla, de ahí que para cualquier persona o entidad interesada en hacer llegar mensajes a determinados grupos sea de vital importancia tener presencia en internet. La presencia en internet se puede articular de diversas maneras: creación de páginas web, creación de perfiles en las diferentes redes sociales o creación de aplicaciones para móviles inteligentes. En esta entrada os contamos las mejores apps existentes para juristas que buscan información legal o, incluso, para no juristas que en un determinado momento de su vida se ven en la obligación de resolver dudas legales.

 

Diccionarios jurídicos

  • The Law Guide / Dictionary: se trata de una app en la que puedes buscar un concepto jurídico en inglés y obtener una definición del mismo. Contiene más de 8.500 definiciones y bajarse esta aplicación es completamente gratuito. Asimismo, contiene un foro de asesoría jurídica para resolver posibles dudas.
  • Diccionario Jurídico Fiscal: en este caso se trata de otro diccionario jurídico pero especializado en términos fiscales. Dichos términos están disponibles en inglés y en castellano y también es gratuita.

 

Buscadores de leyes y jurisprudencia

  • SmartLeges: Se trata de un buscador de leyes por asunto y país cuya descarga es gratuita. Es una app muy útil tanto para profesionales del Derecho como para estudiantes. Además, esta app te permite subrayarlas, tomar notas y guardarlas.
  • InfoBOE: con esta app estarás al tanto de las novedades en el Boletín Oficial del Estado y tendrás la posibilidad de crear alertas.
  • Cvria: ésta es la app creada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para la búsqueda sencilla de jurisprudencia.
  • TC-e: al igual que el tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal Constitucional de España también posee su propia app para facilitar la búsqueda de jurisprudencia.

Todas ellas son de descarga gratuita.

 

Facilidades para abogados

  • iJuror: en este caso estamos ante una grabadora de audio, pero particular para el mundo de la abogacía, pues permite organizar los archivos de audio (conversaciones y declaraciones) por expediente y asignarles rol (testigos, acusado, víctima, etc.). Esta app es, a diferencia de las anteriores, de pago.
  • Nubbius: conocida como la nube de los abogados, permite gestionar en línea clientes, expedientes, correos electrónicos, etc. de un mismo despacho de abogados y tenerlo todo disponible en cualquier dispositivo de cualquier abogado perteneciente al despacho. Esta app está disponible de manera gratuita.
  • Kleos: al igual que la app anterior, con esta app podrás gestionar desde cualquier lugar la información relativa a un expediente determinado del despacho e, incluso, modificarla y que dichos cambios queden guardados.
  • CensoMóvil: con esta app de la Red de la Abogacía Española tendrás acceso a todo el censo de abogados a nivel nacional, siempre que estén colegiados.
  • ElAbogado: se trata de otra app que contiene un censo actualizado de letrados y despachos de toda España en la que, además, se permite filtrar por ubicación y especialidad

 

Chats profesionales

  • Abogae: Red Social de Abogados: en esta app, que funciona más como una red social, tendrás disponible un chat con el que contactar con otros profesionales del Derecho para intercambiar dudas e información. A medida que el abogado va respondiendo dudas o realizando servicios de asesoramiento legal, puede ir generando reputación dentro de la red y obtener un mejor posicionamiento, lo que conduce a un mayor número de clientes potenciales.
  • MeetingLawyers: se trata de un servicio de Chat legal y Video-call las 24 h, 365 días, para resolver consultas legales y orientar jurídicamente a los usuarios. Permite el envío de documentación legal para un mejor asesoramiento: multa, sanción, contrato, burofax, citación del Juzgado, demanda y denuncia. Incluye portal de noticias jurídicas, para que los usuarios estén informados de las novedades más importantes.
  • Estás en tu Derecho: es una app social más en la que los usuarios pueden resolver dudas legales a través de su teléfono móvil con una respuesta garantizada en 48 horas.
  • TuAppAbogado: es una última app diseñada para poner en contacto a usuarios que están buscando abogados especializados. A diferencia de las anteriores, que son de pago, ésta es totalmente gratuita.

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¿Eliminación del Impuesto de sucesiones?

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Recientemente se hacía eco la noticia de que Castilla y León “suprimía” el Impuesto de Sucesiones y Donaciones en su territorio. La importancia de esta noticia reside en las duras críticas que siempre se han vertido sobre este tributo en España, pero ¿qué es el Impuesto de Sucesiones y Donaciones? ¿Qué Comunidades Autónomas lo aplican y cuáles no? ¿En qué parte de España se paga más por este impuesto?

 

Concepto de Impuesto de Sucesiones y Donaciones

El impuesto de Sucesiones y Donaciones es un tributo que grava de manera directa y subjetiva la transmisión de bienes o derechos entre personas físicas en vida (donación) o tras la muerte (sucesión). Se trata de un impuesto complementario al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Además, el Impuesto de Sucesiones y Donaciones es un impuesto progresivo, lo que significa que a medida que se aumenta la cuantía del bien o derecho objeto de donación o sucesión, más habrá que pagar al final. El gravamen general va desde el 7,65% hasta el 34%, aplicándose después las mencionadas deducciones o bonificaciones de cada Comunidad Autónoma.

Es la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, la que regula este tributo a nivel nacional, pues éste se exige en todo el territorio español, sin perjuicio de lo dispuesto en los regímenes tributarios forales del País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra. No obstante, el Impuesto de Sucesiones y Donaciones se encuentra cedido a las Comunidades Autónomas, lo que implica que, además de ser las responsables de su comprobación y recaudación, éstas pueden modularlo para establecer deducciones o bonificaciones, aunque no eliminarlo por completo (de ahí que hayamos utilizado la palabra suprimir entre comillas).

 

¿Qué Comunidades Autónomas lo aplican y cuáles no?

La pregunta en sí misma es una trampa, pues, como acabamos de explicar, todas las Comunidades Autónomas con la excepción de Navarra y País Vasco deben aplicarlo. No obstante, algunas de ellas han optado por conceder una bonificación del 99%, lo que significa que el donatario o causahabiente únicamente debe pagar un 1% del importe total del tributo, lo que equivale, prácticamente, a suprimirlo.

Castilla y León ha sido la última en sumarse a esta bonificación del 99%, pero antes de ella ya lo aplicaban Andalucía, Madrid, Murcia, Canarias y Cantabria. En el resto de Comunidades Autónomas se sigue exigiendo un % cada vez que un hijo hereda de su padre.

 

¿Cuáles son las Comunidades Autónomas en las que más se paga por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones?

Hasta que Castilla y León se ha sumado a la lista de Comunidades Autónomas que bonifican el 99% del tributo, era la comunidad en la que más se pagaba por este impuesto, junto con Extremadura, seguidas por Aragón, Asturias y la Comunidad Valenciana.

Con un ejemplo práctico, si un soltero o soltera recibiese una donación de un ascendiente directo por valor de 800.000€, habría que pagar un tributo de 103.000€ en Asturias, 63.000€ en Comunidad Valenciana o 55.000€ en Aragón. En Castilla y León hace dos meses habría pagado 81.000€, pero con la reciente bonificación del 99% ahora “únicamente” habría de pagar 810€.

La crítica más extendida sobre este impuesto reside en que el mismo grava dos veces el mismo bien (doble imposición). Imaginando que se trata de un bien inmueble lo que se dona, hay que pagar un primer impuesto por la compraventa del inmueble (además de tener que pagar Patrimonio, IBI, etc.), y una segunda vez cuando donas dicho inmueble de tu propiedad a un descendiente directo.

Armonización fiscal: la asignatura pendiente en España

En esta ocasión se han puesto de manifiesto las disparidades existentes en torno al Impuesto de Sucesiones y Donaciones en el territorio español, en el que cada Comunidad Autónoma tiene plena discrecionalidad para modularlo a su antojo. Sin embargo, esta es la dinámica, asimismo, con el resto de impuestos y tributos en España, lo que hace a muchos expertos afirmar la necesaria armonización de los impuestos existentes en nuestro país.

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